Estas acusaciones, según han informado fuentes conocedoras de la investigación tras el levantamiento del secreto de sumario de la pieza principal este jueves, estarían fundadas en comentarios que otros investigados en el caso Imelsa, como Máximo Caturla, le habrían realizado a Benavent, y no en un conocimiento directo de los hechos.
Estos hechos relatados por el autodenominado «yonqui del dinero» se enmarcan en el supuesto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de proyectos de construcción de centros escolares por parte de la empresa pública Ciegsa, que según las fuentes consultadas será objeto de una nueva pieza separada dentro del caso Imelsa.
Esta parte de la investigación se encuentra en una fase incipiente, han explicado responsables de la misma, debido principalmente a que los hechos relatados por Benavent y recogidos en un informe policial no se fundamentan en un contacto directo con las personas a las que señala, sino en testimonios de terceros.
En el relato del supuesto cobro de comisiones ilegales que Benavent también menciona al expresident Francisco Camps como conocedor de la recaudación ilegal que varios altos cargos de su Ejecutivo y del partido que él mismo presidía estaban realizando.
La investigación judicial tratará de determinar, además, la veracidad respecto a la existencia de al menos cinco cajas «b» controladas por el PP valenciano que Benavent menciona en sus declaraciones y en las que, supuestamente, se recogerían los fondos obtenidos por el cobro de comisiones ilegales tras el amaño de contratos.
En el caso Imelsa, que nació en abril de 2015, hay más de cien investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad, blanqueo y delito electoral.
Hasta la fecha, el caso estaba distribuido en una pieza principal y cinco separadas, una de las cuales permanecía secreta hasta hoy, fecha en la que el magistrado instructor ha decido no prorrogar la confidencialidad de las actuaciones en todo el proceso.
En una de las piezas, la primera separada, están imputados por blanqueo y delito electoral nueve de los diez concejales del PP en Valencia, y el Tribunal Supremo ha decidido abrir una investigación también a la exalcaldesa Rita Barberá por estos mismos hechos.
En el resto de piezas se investigan la supuesta contratación ficticia de personal y el pago de indemnizaciones injustificadas por parte de la Diputación de Valencia y adjudicaciones, al parecer irregulares, realizadas tanto desde la corporación provincial como desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y empresas públicas de la Generalitat.
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