El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando (c), junto a integrantes de los grupos parlamentarios socialistas en el Congreso y el Senado, varios consejeros autonómicos socialistas de Educación, y representantes de organizaciones de padres, alumnos y docentes posan juntos en las escalinatas del Congreso como señal de unidad frente a la Lomce. | EFE/Ballesteros

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El pleno del Congreso ha aceptado este martes tramitar una proposición legislativa socialista para «suspender» el calendario de implantación de la Lomce en aquellas medidas que aun no hayan tenido aplicación -como las «reválidas»-, respaldada por toda la oposición y rechazada por el PP.

La iniciativa ha salido adelante con 208 votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Compromís, Partit Demòcrata Catalá (PDC), Bildu y CC; 133 en contra y 2 abstenciones.

Ahora, se debatirá como proyecto de ley ordinario con presentación, debate y votación de enmiendas en la Comisión de Educación.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido de que la aprobación de la propuesta socialista no tiene efectos jurídicos inmediatos, y ha anunciado que el Gobierno aprobará un decreto ley para la suspensión ya de los efectos académicos de las nuevas evaluaciones finales de ESO y Bachillerato previstas por la Lomce hasta que se llegue a un pacto educativo nacional.

Ese decreto recogerá los acuerdos, ha explicado, a que llegue con las comunidades en la reunión de la Conferencia Sectorial del 28 de noviembre (no el 24 como estaba previsto, ya que algunas autonomías no podían asistir).

Sin embargo, el PSOE ha insistido en que no se trata de suspender los efectos de las «reválidas», sino de suprimirlas.

En el debate parlamentario, el grupo socialista ha argumentado que la Lomce es una ley «profundamente ideológica», la concepción del PP de la educación y de la sociedad misma: «Regresiva, elitista, excluyente segregadora, confesional y recentralizadora».

El portavoz socialista de Educación, Manuel Cruz, ha censurado que se aprobara con el «rodillo» de la mayoría absoluta del PP, con «desprecio» por el diálogo con los agentes educativos y sociales y «de espaldas» a la comunidad escolar y a las autonomías, a pesar de una «gran contestación» de padres, alumnos y docentes.

Ha precisado que el calendario de la Lomce es «inasumible» tanto para las comunidades como los propios centros.

Ha reiterado una oposición «frontal» a todas las pruebas finales de la Lomce, aunque el PSOE está comprometido una nueva etapa y trabajará para conseguir un pacto social y político.

Ese pacto debe ser de todos, pero no puede basarse en la Lomce, ha recalcado.

Se ha dirigido al ministro para decirle que su antecesor, José Ignacio Wert, le dejó un «marrón».

Por el PP, Sandra Moneo, ha instado a un debate serio más allá de fundamentalismos y estereotipos, pues no es intención de este grupo dejar a nadie fuera de un pacto.

Se ha sorprendido por la propuesta socialista cuando se está trabajando para constituir una subcomisión que debata todos estos asuntos.

Ha resaltado el compromiso del Gobierno y del PP para un pacto como demuestra la «paralización» de los efectos académicos de las evaluaciones finales y la convocatoria de una sectorial de Educación.

Según Javier Sánchez, de Unidos Podemos, no basta con derogar una parte de la Lomce o retrasar su aplicación, sino que hay que suprimirla por completo. La iniciativa socialista es «insuficiente y se queda a medio camino», ha dicho.

La diputada de Ciudadanos Marta Martín se ha avergonzado de un debate «partidista» que mira al pasado; y ha criticado que se trate la educación vendiendo cada uno su «chochona».

Ha apoyado la toma en consideración porque, ha precisado, hoy no se votaba la derogación de la Lomce; ha aludido al acuerdo, primero con el PSOE, y luego con el PP para «congelar» el calendario de las medidas que no hubieran entrado en vigor y luego buscar el pacto.

Joseba Agirretxea (PNV)ha calificado la Lomce de «artefacto jurídico y legislativo» y ha deseado que «desaparezca pronto» porque «no vale para la sociedad vasca».

Miriam Nogueras (PDC) ha recordado que la «ley Wert» está hecha para «españolizar a los alumnos catalanes», por lo que ha abogado por pararla.

Joan Baldoví (Compromís) ha criticado las «reválidas» asegurando que mantienen un «modelo anticuado».

Oskar Matute (Bildu) no quiere ninguna ley ni un pacto nacional educativo que venga de la «centralización».

Ana María Oramas (CC) ha señalado que la educación «excede a un gobierno, a una legislatura o a una ley como la Lomce» y ha calificado de «disparate» las «reválidas».

Por contra, Foro Asturias ha defendido la Lomce. Su portavoz, Isidro Martínez Oblanca, ha dicho que la iniciativa socialista «rezuma irritabilidad y voracidad por el control de la enseñanza».