El portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón (c), junto a la diputados Auxiliadora Honorato Chulián y Juan Pedro Yllanes Suárez (i), presentan este martes en el Congreso una proposición de ley de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas para que las administración no tenga que costear los gastos de la defensa jurídica de los altos cargos o políticos investigados por delitos relacionados con la corrupción. | Efe

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Unidos Podemos ha presentado este martes una proposición de ley de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas para que las administración no tenga que costear los gastos de la defensa jurídica de los altos cargos o políticos investigados por delitos relacionados con la corrupción.

El portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, acompañado por el diputado balear Juan Pedro Yllanes, ha abogado por acabar con este «privilegio» por el que la «gente corriente» tiene que pagar con su dinero la defensa de quienes están investigados por corrupción.

Se trata, como ha explicado Errejón, de impedir que se repitan casos como el de los ERE en Andalucía, en el que los andaluces tuvieron que sufragar de su bolsillo los abogados de «presuntos corruptos» directores generales de la Junta.

En esta misma línea, la responsable de Acción Institucional de Podemos, Auxiliadora Honorato, ha puesto como ejemplo de lo que sucede ahora el hecho de que el propietario de una casa tuviera que pagar el abogado del ladrón que ha desvalijado su vivienda.

A su juicio, acabar con la corrupción es una cuestión de voluntad política y se ha mostrado convencida de que esta reforma legal podrá salir adelante si existe esa voluntad política en el resto de grupos parlamentarios.

El exmagistrado Juan Pedro Yllanes ha defendido una reforma que pretende que los presuntos corruptos tengan que sufragar su propia defensa, con independencia del resultado de ese proceso judicial y con total respeto a la presunción de inocencia.

La iniciativa de Podemos propone que la reforma sea de aplicación a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir de la entrada en vigor, sin que afecte en ningún caso a los procedimientos ya iniciados «para garantizar que no pueda producir indefensión» para los investigados.