Aunque el Gobierno reconoce que aún no se han podido evaluar todos los daños, especialmente el del último temporal apenas concluido, el Consejo de Ministros ha agilizado la concesión de ayudas aprobando un Real Decreto de Medidas Urgentes, lo que permite financiar las actuaciones que sean necesarias con cargo al Fondo de Contingencia.
Las ayudas pretenden compensar los tremendos daños ocasionados por los temporales de lluvia y viento ocurridos los pasados meses de noviembre y diciembre en el sudeste peninsular, así como el frío y nieve de este mes de enero.
Los mayores daños por las fuertes tormentas a finales del año pasado -las más violencias registradas desde 2012- afectaron a la provincia extremeña de Badajoz, a las andaluzas de Cádiz, Huelva, Málaga y Almería, y a Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana, causando cinco víctimas mortales.
Por su parte, el temporal de frío y nieve de enero ha ocasionado destrozos notables en Baleares, Cataluña, Murcia y la provincia de Albacete, según ha recordado el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología han señalado el carácter «excepcional» de este último episodio, que ha provocado una situación «histórica», con datos que en el caso de la Comunidad Valenciana no se registraban desde hace 60 años.
En cuanto a las precipitaciones, Castellón fue la más castigada tras recoger 117,4 litros por metro cuadrado en 24 horas el 19 de enero.
Las partidas económicas acordadas por el Gobierno irán fundamentalmente destinadas a los daños producidos en las infraestructuras y en la red viaria de las diputaciones provinciales, en el dominio público hidráulico y en la costa, en la red nacional de caminos naturales y en la red de explotaciones agrícolas y ganaderas.
El Real Decreto de Medidas Urgentes señala que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha cifrado en unos 77,5 millones de euros los daños producidos por los temporales ocurridos desde noviembre en el sector agrario, en las costas, en las Confederaciones Hidrográficas y en la red de caminos naturales.
Por su lado, el Ministerio de Fomento ha cifrado en 22,5 millones de euros los deterioros en carreteras, aeropuertos, puertos e infraestructuras ferroviarias.
El departamento de Interior compensará daños personales, a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales o de bienes, y a Ayuntamientos.
Este último ministerio prevé 18.000 euros de ayuda por fallecimiento o incapacidad permanente, hasta 2.580 euros en ayudas por destrucción o daños en enseres, y hasta 8.000 euros en ayudas a establecimientos industriales, mercantiles, marítimo-pesqueros, agrarios o de servicios.
En cuanto a las partidas por daños en las viviendas, se dan hasta 15.120 euros de máximo por destrucción total, el 50 por 100 de los daños con un máximo de 10.320 euros por otros daños, 2.580 euros por destrucción de enseres de primera necesidad y el 50 por 100 de los daños, con un máximo de 8.000 euros, por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios.
Respecto a los beneficios fiscales, se prevé la exención de las tasas de la Dirección General de Tráfico a la hora de tramitar las bajas de vehículos y cuando se proceda a la expedición de duplicados de los permisos de conducción o de circulación.
El Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales financiará hasta el 50 por 100 del coste de las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal.
Y el de Empleo y Seguridad Social contemplará exenciones y moratorias en las cuotas a la Seguridad Social, entre otras.
Además, el Gobierno ha creado una Comisión Interministerial para la aplicación y seguimiento de las medidas establecidas en este Real Decreto Ley, coordinada por Protección Civil y Emergencias, que deberá elaborar un informe sobre las actuaciones llevadas antes del 1 de julio de 2017.
El real decreto contempla la aplicación de ayudas similares a otras situaciones de emergencia que puedan acaecer en cualquier parte del territorio nacional hasta el final del mes de junio de 2017.
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