Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO., UGT, CIG y USO y las empresas están «analizando detenidamente el contenido del documento».
Los sindicatos comunicarán la propuesta el lunes, según indicaron en fuentes de las formaciones, lo mismo que Anesco. La patronal detalló en un comunicado que ha convocado a todas sus empresas a una asamblea para ese día, «al objeto de fijar su posición».
Empresas y trabajadores se manifestarán así sobre la propuesta de mediación un día antes de que concluya el plazo dado por Peña a las partes para pronunciarse, que concluye el martes 4 de abril a las 13.00 horas.
La propuesta de mediación cuenta ya con la aceptación del Ministerio de Fomento, que dio el 'sí' al documento de Peña apenas dos horas después de su presentación.
La propuesta de mediación no insta a regular por ley la subrogación de los estibadores, principal reivindicación de los sindicatos y escollo fundamental de la negociación.
En este sentido, se limita a sugerir que «la formulación legal del principio de subrogación» que recoge el Estatuto de los trabajadores en su artículo 44 «se complemente y articule con fórmulas de subrogación convencional».
No obstante, reconoce que la reforma del sector de carga y descarga de barcos en los puertos que plantea el Gobierno para adecuarlo a la normativa comunitaria y evitar una multa del a UE «supone un cambio de relieve suficiente para justificar la adopción de medidas laborales».
Así, defiende que su «aplicación exige una normativa transitoria en la que, conscientes de que se mantiene la actividad, se debe garantizar la continuidad en el empleo», una garantía que, después añade, «debe tener el instrumento legal que se considere suficiente».
Marcos Peña asume casi en su integridad la parte del preacuerdo alcanzado entre empresas y sindicatos referida a la mejora de competitividad de los puestos, entre ella la oferta de los estibadores de bajar un 10% el sueldo de quien cobre más de 2.230 euros al mes.
No obstante, el mediador no recoge la petición de Anesco de ayudas por la pérdida de competitividad que puede suponer afrontar un mayor coste laboral por la subrogación de trabajadores que por contratar otros nuevos.
Fomento argumentó este jueves su rechazo a esta medida al asegurar que costaría al erario público 2.415 millones de euros, una cifra que Anesco tacha de «errónea». «Se desconoce cómo ha realizado este cálculo y los criterios que lo soportan, evidenciándose que la representación del Gobierno en la reunión mantenida del pasado miércoles 29 de marzo no alcanzó a comprender la exposición realizada», indica la patronal.
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