El objetivo de la Fiscalía con esta denuncia es pedir colaboración a las autoridades francesas para que la Audiencia Nacional pueda analizar todo aquello que la banda terrorista les entregue este sábado, coincidiendo con el acto en Bayona de los autoproclamados 'artesanos de la paz'.
El Ministerio Público analizará si el arsenal de ETA puede contener pruebas o evidencias que podrían llevar a esclarecer asesinatos cometidos por la organización terrorista, de ahí que la Fiscalía haya pedido poder tener acceso a todo ello, según han remarcado las fuentes consultadas.
En 2011, la Fundación de Víctimas del Terrorismo determinó que los responsables de 324 víctimas mortales de ETA no habían sido juzgados. Las discrepancias sobre esa cifra llevó al equipo jurídico de la AVT a acudir a las fuentes primarias de información al objeto de recopilar las sentencias para poder determinar realmente este dato.
Según esta asociación, a diciembre de 2016 quedaban 312 atentados que aún no han sido juzgados. Desde 2011 se han reabierto 20 sumarios sobre ETA, doce de ellos correspondientes a casos sin autor conocido. ETA asesinó a más de 800 personas en sus medio siglo de actividad criminal, dejando también más de 20.000 heridos y damnificados y casi un centenar de secuestrados.
La decisión de la Audiencia Nacional se ha adoptado 48 horas antes de la fecha límite fijada por los mediadores elegidos por ETA, que el pasado 17 de marzo comunicaron a través del periódico francés 'Le Monde' que la banda terrorista estaría «totalmente» desarmada este sábado.
ETA ha recurrido a representantes de organizaciones afines para intentar escenificar de nuevo su desarme voluntario tras el rechazo del Gobierno a negociar un final dialogado y el fracaso de la falsa entrega de armas de 2014, cuando unos 'verificadores internacionales' reconocieron en la Audiencia Nacional que los terroristas se habían llevado las mismas armas que habían dicho que entregaban.
Los Gobiernos de España y Francia han desatendido las continuas demandas de diálogo a través de la constitución de una mesa de negociación en la que se abordara lo que los terroristas llaman las «consecuencias del conflicto», en referencia, principalmente, a la política de dispersión aplicada a los presos etarras que cumplen condenas.
Tras los sucesivos portazos, ETA ha recurrido ahora a colectivos vinculados a la izquierda abertzale. La Guardia Civil impidió el 16 de diciembre a cinco de sus integrantes escenificar en Luhuso, en el sur de Francia, que manipularan un lote de armas por el riesgo de que se eliminaran pruebas que podrían ser utilizadas para esclarecer casos sin resolver.
Jean-Noël 'Txet' Etcheverry fue uno de los cinco ciudadanos franceses vinculados con la izquierda abertzale que fueron arrestados en aquella operación en un caserío a unos 20 kilómetros de la frontera con España. Entonces fueron intervenidas cincuenta armas de fuego, 17 de ellas procedentes del robo cometido por ETA en Vauvert (Francia) en octubre de 2006, que iban a ser inutilizadas usando maquinaria específica que también fue decomisada.
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