Así lo ha explicado el Tribunal en una «nota aclaratoria» y al hilo de las informaciones publicadas según las cuales los ex altos cargos, entre ellos el expresidente Artur Mas, deberían de abonar unos cinco millones de euros por el gasto público destinado a la consulta del 9N.
En la nota, el Tribunal ha explicado que las citaciones tienen por objeto que «dichos cargos y funcionarios puedan tener vista de la documentación existente en la instrucción y realizar alegaciones para la tutela efectiva de sus derechos de defensa hasta el 25 de septiembre, en que está previsto el levantamiento del acta de liquidación provisional».
En el caso de que el acta de liquidación provisional sea positiva, «y una vez finalizada la instrucción y analizadas las alegaciones presentadas, es cuando se exigirá el depósito y afianzamiento de los daños perjudicados al erario público» a los presuntamente responsables, recoge el escrito.
El Tribunal de Cuentas ha añadido que éste es el procedimiento habitual, previsto por ley, en los casos de alcance o malversación por daño a los fondos públicos.
La finalidad de esta instrucción, según precisa la nota, es concretar las posibles responsabilidades contables «que se pueden haber originado en la realización de los gastos de una convocatoria de participación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional».
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