Los cinco miembros de la sindicatura creada por el Parlamento de Cataluña para ejercer a modo de junta electoral de cara al referéndum del próximo 1 de octubre han recusado a la totalidad de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), quienes precisamente este miércoles tenían sobre la mesa abordar la posible imposición de multas a todos ellos por ignorar sus resoluciones. Pretenden que el tribunal se aparte de la resolución de este asunto.
Fuentes del tribunal de garantías han señalado a Europa Press que, además de la resolución de este incidente de recusación, durante la sesión del Pleno de mañana los magistrados deben resolver otras peticiones de los síndicos dirigidas a cuestionar la propia constitucionalidad de su actuación.
Se trata en concreto de una cuestión prejudicial penal y una cuestión de inconstitucionalidad, cuyo análisis retrasará la respuesta final que debe darse sobre la eventual desobediencia por parte de estas personas a los mandatos del tribunal.
La semana pasada el tribunal de garantías pidió a los cuatro miembros de la sindicatura electoral que informaran de cómo estaban cumpliendo con la suspensión de la consulta. En base a dicha petición, los magistrados podrían abordar ahora medidas como la imposición de multas en caso de desobediencia por parte de estas personas.
Las multas son una atribución con la que el tribunal ya contaba antes de la última reforma de su Ley Orgánica --dirigida a mejorar los instrumentos para que el TC haga cumplir sus resoluciones-, si bien dicha reforma supuso elevar la cuantía de las mismas.
En la providencia en la que se admitió a trámite el recurso del Gobierno contra el nombramiento de los miembros de la Sindicatura ya se les instaba a abstenerse «de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación y de la creación de ningún registro o fichero necesarios para la celebración del referéndum». Sin embargo estos nombramientos fueron realizados.
YA SE LES INVESTIGA PENALMENTE
La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge, que deberán informar ahora de sus actividades al tribunal de garantías. Contra todos ellos ya se ha querellado la Fiscalía y el procedimiento penal está pendiente de admitirse a trámite por la Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, María Concepción Cantón.
La fiscal considera que los querellados han realizado actos de ordenación, regulación e impulso de un proceso electoral previsto en una ley previamente suspendida por el Tribunal Constitucional y amparándose en un nombramiento igualmente suspendido constitucionalmente, «careciendo así de toda facultad o habilitación para el desempeño de las funciones que se atribuyen».
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