Se aplicará a partir de 2020 a todos los ciudadanos no comunitarios que transiten por la frontera exterior de la UE, necesiten visado o no, y quedará registrado en el sistema de información del pasajero como su nombre, documento de viaje, huellas dactilares, escáner facial, fecha y lugar de entrada o si le ha sido denegada la entrada al espacio Schengen.
La base de datos común almacenará la información durante un periodo de tres años, ampliable a cinco años si se trata de una persona que haya violado, por ejemplo, el periodo de estancia autorizado.
Ello permitirá cruzar los datos de cada viajero con las bases de datos europeas, incluido el Sistema de Información de Schengen (SIS) y las de Interpol u otras agencias, para verificar si la persona utiliza papeles falsos o robados o si el individuo representa una amenaza para el orden público.
También las autoridades en frontera y que conceden los visados tendrán acceso a la base de datos, que, sin embargo, no podrán consultar las autoridades nacionales de asilo.
La Unión Europea sostiene que con el cambio de sistema se reemplazarán los métodos manuales para sellar los pasaportes y se acelerará el paso de personas en las fronteras, al tiempo que se mejora la detección de estancias ilegales y la falsificación de documentos.
Así, cree que el nuevo sistema servirá para reducir los retrasos en los controles fronterizos y mejorar la calidad de dichos controles gracias al cálculo automático de la estancia autorizada de cada viajero.
También asegurará una identificación sistemática y fiable de las personas que rebasan la duración de estancia autorizada, según ha explicado el Consejo en un comunicado.
Participarán todos los países que integran el espacio sin fronteras Schengen y también Rumanía y Bulgaria, Estados miembro que no forman parte de Schengen aún pero que sí han superado la evaluación.
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