Este es el sentido del informe que la juez de la Audiencia Nacional remitió este martes al Tribunal Supremo, a petición del magistrado Pablo Llarena, en relación la posible acumulación de las causas abiertas en relación con el proceso secesionista de Cataluña.
La Fiscalía por contra se ha opuesto a la acumulación de todas las causas y defiende que los no aforados deben seguir siendo investigados en la Audiencia Nacional.
La juez entiende que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados.
Considera que todas las personas querelladas- el Govern cesado, los «Jordis», el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero o la presidenta del Parlament Carme Forcadell y los miembros de la Mesa- «forman parte de una compleja y heterogénea organización, donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña, contraviniendo en orden constitucional y estatutario».
De lo investigado deduce que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una «premeditada» estrategia «perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles».
Es por lo que considera que la investigación «debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido».
De lo actuado hasta el momento hay elementos para considerar que los investigados actuaban «con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña», dice el informe.
El organigrama de esa organización, según la juez, se compone de un ámbito legislativo, integrado por autoridades parlamentarias; el ejecutivo, con los miembros del Govern; la sociedad civil, con los presidentes de ANC y Òmnium.
También de «asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat».
Hoja de ruta
Todos ellos, según Lamela, han ido cumpliendo con una hoja de ruta secesionista diseñada tras las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015 y que recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan.
Desde ese reparto de funciones, el Govern perseguía la ejecución de distintos acuerdos en contra de las distintas resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional que debían impulsar el proceso hacia la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia.
Los trabajos parlamentarios se orientaban a su vez a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del «proceso de desconexión», mientras que la misión de los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Omnium era movilizar a las masas, a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas para propiciar y justificar la desobediencia.
Para Lamela cobra especial relevancia el papel de los Mossos para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia impulsada por los investigados.
«Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d' Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban», destaca.
La juez cree que se ha producido una utilización ilegal de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal.
También «en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales».
Todos ellos actuaron, «bajo la autoría intelectual y superior de sus líderes», por lo que Lamela concluye que la investigación por separado «dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa».
Además, todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre fueron, según la juez, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos.
La investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes, insiste Lamela, «es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia».
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