Nacida en Burjassot (Valencia) el 9 de marzo de 1976, esta activa feminista es licenciada en Medicina por Universitat de València y ha sido diputada en el Congreso en la VIII, IX y X legislaturas, así como secretaria de Igualdad del PSOE hasta este año -cuando fue sustituida por Carmen Calvo- y entre 2000 y 2004 fue secretaria de Movimientos Sociales y ONG del PSPV-PSOE.
Con un máster en estudios interdisciplinares de género, se afilió en 1992 a las Juventudes Socialistas, fue elegida concejala de Burjassot en 1999 y dirigió el área municipal de Cultura hasta 2004.
Se siente especialmente orgullosa de haber trabajado en la iniciativa parlamentaria que alumbró la ley que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo y la de identidad de género, de las que fue ponente en el Congreso durante la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
También fue ponente de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y dentro del PSOE ha formado parte del Comité Federal y ha sido coordinadora federal de la Sectorial de Participación Ciudadana.
Comunidad Valenciana
Sin embargo, su nombre ha sido uno de los principales protagonistas de la actual legislatura en la Comunitat Valenciana, incluso desde el día de su toma de posesión como consellera de Sanidad Universal y Sanidad Pública del Gobierno presidido por el también socialista Ximo Puig con el apoyo ejecutivo de Compromís y el parlamentario de Podem gracias al bautizado como «Pacto del Botánico».
Aquel 30 de junio de 2015, Montón anunció su compromiso de rescindir todos los conciertos sanitarios «posibles» en la Comunitat para «retornar la sanidad a lo público» -incluyendo la gestión de las resonancias magnéticas-, y eliminar los «copagos y repagos».
La nueva consellera avanzaba que se llevaría a cabo un «control exhaustivo» de esos conciertos «para que se cumplan los requisitos de calidad y de buena gestión que la ciudadanía merece», una máxima que ha ido cumpliendo a lo largo de estos tres últimos años con la oposición frontal del Partido Popular.
Ordenó emprender entonces una labor auditora e incluso «arqueológica» de esas privatizaciones sanitarias para demostrar oficialmente que el anterior Consell no hizo controles sobre las cinco concesiones administrativas de este ramo en la Comunitat y renunció a contar con una capacidad sancionadora clara ante posibles incumplimientos o actuaciones punibles.
«Que nadie espere que se vayan a renovar los contratos» durante esta legislatura, advirtió rotundamente para fijar en el Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), la primera concesión que vencía de las cinco vigentes, el 1 de abril de 2018, un proceso que ha centrado la actualidad política, no solo sanitaria, de la Comunitat Valenciana y en el que el ya expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se involucró también junto al PPCV para criticarlo públicamente.
Esas cinco concesiones sanitarias adeudaban en 2016 más de 260 millones de euros por liquidaciones a la Generalitat y Montón anunció la «intención de cobrarlos en nombre de los valencianos».
Montón se ha enfrentado también con el grupo sanitario que gestionaba el Hospital de Alzira, Ribera Salud, a cuenta del proceso de reversión de un modelo en el que la Comunitat Valenciana se convirtió a finales de los años 90 en el laboratorio para implantar este tipo de privatización extendido posteriormente a otros hospitales como Manises, Dénia, Elx-Crevillent, Vinalopó y Torrevieja, e incluso se implantó en otros puntos de España.
Desde entonces se han sucedido los recursos de Ribera Salud contra Montón para denunciar la «improvisación y falta de planificación» con la que a su juicio la Conselleria ha llevado a cabo el proceso de reversión, una judicialización que no ha hecho variar un ápice el objetivo del Consell para devolver al Departamento de La Ribera la titularidad pública.
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