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Francisco Franco Martínez-Bordiú, nieto del dictador Francisco Franco, ha advertido este lunes de que no facilitarán «el juego político» con los restos o la «momia» de su abuelo y ha asegurado que la familia llegará hasta «el último extremo» para defender sus derechos frente al decreto ley del Gobierno.

El nieto de Franco, en una entrevista en la Cadena Cope, ha avanzado que presentarán las alegaciones que correspondan al decreto ley porque no ven la urgencia ni la necesidad de exhumar los restos del dictador.

«No le vamos a facilitar al Gobierno que juegue con los restos, con la momia de mi abuelo (...), tenemos unos derechos como ciudadanos que nos otorga la Constitución y que vamos a llevar hasta el último extremo, obviamente por supuesto, acatando la ley. Ahora responderemos a las alegaciones a este decreto ley y llegaremos hasta donde haya que llegar», ha dicho.

Ha asegurado que la opinión de la familia en este sentido es unánime y ha acusado al Gobierno de mentir al afirmar que había hablado con los familiares y que tenía la «aceptación» de la Iglesia, lo que -ha sostenido- «es mentira».

Asimismo, ha negado que hayan amenazado al Gobierno y ha explicado que lo único que ha habido es un «burofax» enviado por la Fundación Francisco Franco, que «no representa a la familia», y que ha advertido pero «no amenazado» de que «todo el Consejo de Ministros podría caer en prevaricación».

Tras insistir en que no creen que exista una «urgencia tremenda» para «sacar» los restos de su abuelo del Valle de los Caídos después de 43 años, ha explicado que, ya que la familia como particulares no pueden impugnar el real decreto para retrasarlo, se dirigirán al Defensor del Pueblo, que puede hacerlo.

El nieto del dictador ha confesado que le da «rabia» tener que «estar aquí y hacer el juego al Gobierno» que, en su opinión, está utilizando el asunto como «cortina de humo» porque no puede gobernar mientras al 90 por ciento de los ciudadanos «les importa un pito» donde está enterrado su abuelo.

Ha negado que el Valle de los Caídos fuera construido como un mausoleo porque Franco «jamás dijo que quería ser enterrado allí» y fue decisión del Gobierno cuando murió, y se ha mostrado convencido de que si hoy se pudiera preguntar a su abuelo se mostraría dispuesto a la exhumación si sirviera para solucionar alguno de «los problemas que asolan este país».

«Si hubiese sido otro el planteamiento y si hubiese muerto antes de ayer por supuesto lo enterraríamos donde considerásemos oportuno, pero es que está enterrado donde está enterrado y nosotros no vemos ningún motivo para cambiar el sitio», ha apostillado.

En cualquier caso, ha anticipado que si el Gobierno hace efectiva la exhumación le darán «entierro cristiano» y le enterrarán donde consideren oportuno, aunque ha avanzado que la familia no lo ha discutido porque no ve que «haya una inminencia», como plantea el Ejecutivo.

Impugnación
Los siete nietos del dictador Francisco Franco han presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que le instan a recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley aprobado por el Gobierno que inicia el proceso de exhumación de los restos de su abuelo enterrados en el Valle de los Caídos.

El escrito lo interpone el abogado Felipe Utrera Molina, en representación de los siete nietos: María del Carmen, Mariola, Francisco, Mar, Cristóbal, María Aránzazu y Jaime.
La familia Franco reitera en el escrito que la exhumación de los restos del dictador es «en contra de la voluntad de sus descendientes».

Rechaza la forma elegida por el Gobierno, un decreto ley, que, asegura «sólo cabe dictar» en los casos de «extraordinaria y urgente necesidad».

«No se puede entender en modo alguno que concurra tal presupuesto en el presente caso, al no tratarse de una situación que haya surgido de nuevas y que requiera de una regulación legal inmediata», afirma el escrito, que recuerda que Franco está enterrado en el Valle de los Caídos desde hace 43 años.

Se trata, por contra, añade el texto, de «una situación perfectamente estable y consentida de forma pacífica durante décadas y que no está afectada por ninguna circunstancia que exija una inmediata actuación».

La familia Franco considera que el real decreto ley vulnera el artículo 86.1 de la Constitución que establece que, «en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes».

«Las excusas -que no causas justificativas- que esgrime el real decreto ley para amparar su dictado no son en absoluto convincentes ni sostenibles, puesto que las resoluciones e informes en que pretende basarse no exigen, por su propia naturaleza, una actuación urgente e inmediata», señalan.

Aluden así los nietos de Franco a la proposición no de ley aprobada por el Congreso en mayo de 2017 que pedía la exhumación de los restos, así como al informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas e involuntarias.

Los nietos agregan en su escrito que la «extralimitación» del Ejecutivo «que supone aprobar por decreto ley lo que debería ser objeto de tramitación parlamentaria plena, no sólo afecta a los intereses particulares» de la familia Franco, sino «al interés general de todos los ciudadanos, que tienen derecho a que sus representantes políticos en el Parlamento participen en la elaboración de las normas legales».