«Si hubo actuaciones concretas que se puedan calificar como poco ortodoxas fue porque los compañeros de la UIP (Unidad de Intervención Policial) estuvieron sobrexpuestos durante horas a la tensión de un ambiente hostil y a un dispositivo absolutamente caótico debido principalmente a la inacción de los Mossos, que tenían la obligación, como la Policía y Guardia Civil, de intervenir el material electoral y prohibir la celebración del referéndum», resume en declaraciones a Europa Press Ramón Cosío, portavoz del SUP.
Como el resto de sindicatos, el SUP mantiene su respeto a las decisiones judiciales, recordando que otros juzgados tienen abiertos diferentes procedimientos sobre la actuación concreta de las mandos encabezados por el entonces mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, o sobre el uso de un chat privado para dar órdenes que supuestamente contravenían lo mandatado por la Fiscalía y el TSJ de Cataluña.
Los sindicatos lamentan que las diligencias del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona se puedan sumar a la «campaña» que observan que se ha impulsado desde diferentes plataformas independentistas. «No se puede olvidar», observa el portavoz del SUP, «que cuando intervienen las unidades de UIP se está recurriendo al último eslabón de la democracia, ya que el Estado tiene la potestad de hacer uso a la fuerza en cumplimiento de la ley, aunque las policías no pueden corregir todo lo que ha hecho mal previamente».
Desde el SPP, sindicato de mandos personado como acusación popular en la causa, se insiste en que se debería abrir un debate sobre si «la normal convivencia se alteró por la actuación de la Policía o por las personas concentradas en los centros de votación». Su portavoz, Adolfo Medina, recuerda que una veintena de agentes resultaron heridos durante el 1-O y hace un llamamiento generalizado para que las actuaciones de todos los cuerpos policiales «no se utilicen ni en una ni en otra dirección», quedando supeditadas «con transparencia» a la observación judicial.
«Respetando a los jueces, ya que muchas veces estas investigaciones son protocolarias, sería aberrante que se condenara a los policías que lo único que hicieron fue actuar de acuerdo al mandato judicial que decía que había que evitar que se pusieran las urnas», ha añadido Serafín Girando, de UFP, molesto por que los agentes representen «la parte más débil en la defensa de la ley».
Un total de cuatro agentes de la Policía han sido citados como investigados por las cargas en el IES Pau Claris de Barcelona, estando uno de ellos ya investigado por su actuación en la Escola Mediterrània.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez considera que las actuaciones de algunos agentes en dicho centro, tras analizar los vídeos aportados a la causa, «en determinados momentos son claramente desproporcionadas e incluso peligrosas» y que pueden ser constitutivas de un delito contra la integridad moral.
Los sindicatos policiales recuerdan que sólo durante la mañana del 1-O se llevaron a cabo 50 intervenciones de la UIP, lo que genera para los funcionarios públicos un «volumen de presión extremo», ya que se enfrentaban a la resistencia ciudadana y también a determinadas agresiones, con patadas, puñetazos y el lanzamiento de vallas y de otros materiales como sillas.
«Poner el foco en la actuación concreta en un centro de votación lo que busca es culpar exclusivamente a la Policía del clima de tensión generado por los políticos», insiste el portavoz del SUP, que defiende que unidades como la UIP se entrenan para evitar actuaciones desproporcionadas y, además, cuentan con mecanismos internos para evitar un mal uso generalizado del uso de la fuerza.
En su auto, el juez observa que no se explica «el motivo por el que los ciudadanos que se encuentran en las escaleras son lanzados, sin miramiento alguno, hacia fuera, pudieron resultar también gravemente lesionados tanto ellos como los que están abajo».
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Como siempre. Ordenamos y después nos lavamos las manos.