En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra los dos investigados al «no existir indicios» de delitos de prevaricación administrativa ni de cohecho impropio, de los que venían siendo acusados por supuestamente convalidar asignaturas a Temboury irregularmente.
De esta forma se cierra la pieza D del caso, en la que se investigaban supuestas irregularidades en las convalidaciones a Temboury, que ocupó la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Competitividad entre 2011 y 2016 y que sostuvo en su declaración como testigo ante la jueza que no hubo tales convalidaciones ni siquiera matriculación en el máster.
Ahora bien, esta resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de reforma ante el juzgado o de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Con esta decisión, la magistrada atiende las peticiones de Fernando Suárez y Enrique Álvarez Conde, quienes solicitaron hace una semana el sobreseimiento libre de las actuaciones, al señalar que de lo actuado «no se desprenden indicios de actuar delictivo».
Rodríguez Medel llega a esta conclusión tras analizar los documentos aportados a la causa por Temboury y manifestar que las explicaciones de Suárez en el juzgado, que fue vicerrector en aquellos años, «resultaron convincentes» cuando señaló que la documentación administrativa para la convalidación de asignaturas se encontraba incompleta.
«Se concluye que en el expediente de don M no se produjo convalidación alguna, es más, ni hubo matriculación en el máster y probablemente el hecho de iniciar algún trámite en relación con este alumno y el máster en la edición de 2010-2011 se tratase de un error administrativo», explica la jueza.
También da por buena la versión de Temboury que justificó que la URJC tuviera su expediente académico íntegro porque en aquellas fechas «fue contratado como docente» (cuestión acreditada documentalmente), «lo puede suponer una explicación verosímil a la existencia de esta confusión».
Dicho esto, a la magistrada le llama la atención «los correos electrónicos aportados por la URJC, en los que sí parece evidenciarse alguna gestión realizada para matricularse en el máster», si bien «no resultan indicios suficientes» para continuar con esta línea de investigación», como así sostiene la defensa de Conde, ya que si no hubo convalidación ni calificación no pudo haber delito.
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