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El Gobierno ha aprobado este jueves un real decreto ley, que modifica el artículo 29 de la ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), para que sean los bancos quienes paguen este impuesto en la suscripción de hipotecas, y no los clientes como hasta ahora y como así determinó el Tribunal Supremo tras dos días de deliberación. La nueva norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes y entrará en vigor el sábado.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, indicó que con este real decreto el Gobierno afirma «con toda contundencia y toda claridad» que este impuesto lo pagará el banco. «El Gobierno muestra una vez más su responsabilidad y la rapidez en su actuación y en el momento de estar junto a la resolución de problemas de los ciudadanos, ya que es un tema que afecta a millones de personas (...). El Gobierno ha demostrado su responsabilidad y su rapidez en su respuesta actuando en 24 horas», subrayó la ministra.

Además de la modificación del artículo 29 de la ley del ITP y AJD, en el que se incluye un párrafo que aclara que cuando se trate de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista, el real decreto también modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para establecer que las entidades financieras no podrán deducirse este pago en el Impuesto sobre Sociedades.

Alarma social

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que el objetivo del decreto es asegurar que los ciudadanos «no tengan que pagar más» este impuesto a la hora de escriturar una hipoteca, después de la «alarma social y la inseguridad jurídica» que creó la sentencia del Tribunal Supremo.

«Desde el respeto a la separación de poderes, lamentamos el cambio de criterio del Supremo, por lo que hoy le ha tocado hablar al poder ejecutivo, que vela por el interés general de los ciudadanos y por garantizar la seguridad jurídica del mercado hipotecario, que quedaron en entredicho en estas semanas», subrayó la ministra, tras admitir que la rectificación del alto tribunal provocó una «cierta paralización» en la suscripción de hipotecas.

Montero, que justificó la urgencia de la aprobación de los cambios a través de un real decreto por la «confusión generada» por la sentencia y por la necesidad de clarificar la normativa para que no haya dudas acerca del sujeto pasivo, afirmó que en paralelo a esta medida el Ministerio de Economía está trabajando en la creación de una Autoridad Independiente de protección de clientes financieros, que estará lista en las próximas semanas.

Seguridad

Esta autoridad, añadió, velará para prevenir que las entidades financieras puedan trasladar a las hipotecas el coste del pago del impuesto o que se introduzcan «cláusulas abusivas» al respecto. Además, rechazó el «mantra» de que cada vez que se introducen impuestos para las empresas o entidades financieras, se hable de repercusión de costes y de que «o paga el ciudadano o paga el ciudadano».

«Este Gobierno no cree en esa afirmación, las entidades financieras son responsables y hay competencia a la hora de ofrecer hipotecas», indicó la ministra, quien afirmó que la «elevada competencia» en el mercado hipotecario hace que las condiciones que ofrecen las entidades financieras sean «decisivas» a la hora de elegir con qué banco suscribe la hipoteca.

La titular de Hacienda confió en que el real decreto pueda ser convalidado en el Congreso, de acuerdo con la posición que están manifestando los grupos parlamentarios, y sobre las críticas del PP, indicó que mantiene una postura «contradictoria», ya que por un lado, dice defender el interés de los ciudadanos, pero otro lado, rechaza la medida del Gobierno.

«Espero que el PP vote a favor y si no, tendrá que explicar si está a favor de que sean las consumidores los que pagan o los bancos», subrayó.

Finalmente, Montero, quien afirmó que la semana que viene se convocará la Comisión de Tributos con las comunidades para coordinar estos cambios, justificó que algunas comunidades -como Andalucía donde ella misma fue consejera de Hacienda- hayan elevado en ejercicios pasados este tributo cuando lo pagaban los ciudadanos indicando que aquellas regiones con una financiación per cápita inferior tienen que hacer un «mayor uso» de las figuras tributarias cedidas.

Asimismo, rechazó eliminar este impuesto, tal y como ha anunciado el PP si llega al Gobierno, ya que aporta a las comunidades unos 2.000 millones de euros para financiar la sanidad, la educación o la dependencia. «Quienes quieren eliminarlo tendrán que plantear cuál es el instrumento alternativo de financiación y si no, hay que suponer que quieren el deterioro del Estado de bienestar», reiteró.

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