Después de que la Sala oyese la semana pasada a Oriol Junqueras y al exconseller de Interior Joaquim Forn, Turull será el siguiente en declarar en la cuarta jornada del juicio, en la que es posible que también le toque al exconseller de Exteriores Raül Romeva.
En representación del Ejecutivo de Quim Torra, está previsto que acudan al alto tribunal la actual consellera de Presidencia, Elsa Artadi, y el de Acción Exterior, Alfred Bosch; también lo hará la portavoz de ERC en el Parlament, Anna Caula; la diputada catalana de JxCat Gemma Geis y por parte del PDeCAT, la diputada en el Congreso Míriam Nogueras.
A diferencia del exvicepresident, Turull sí tiene previsto contestar a todas las partes, incluida la Fiscalía, con excepción de la acusación popular que ejerce Vox, según fuentes de su defensa.
El que fuera uno de los hombres fuertes del Govern de Puigdemont, en prisión preventiva desde el pasado mes de marzo, se enfrenta a una petición fiscal de 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación, mientras que la Abogacía del Estado rebaja el delito a sedición y malversación, y solicita 11 años y medio de cárcel.
Turull, del PDeCAT, deberá responder sobre el papel clave en el «procés» que le atribuye la Fiscalía como titular de la Conselleria de Presidencia, desde la que se organizó la publicidad del 1-O y la logística de la votación a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, que dependía de su departamento.
El pasado 22 de marzo, un día antes de regresar a prisión por orden del juez Pablo Llarena, el exconseller de Puigdemont se sometió sin éxito a una votación de investidura como presidente de la Generalitat, a propuesta de JxCAT.
Después, está previsto que declare Raül Romeva, exconseller de Exteriores, que afronta la misma pena que Turull y que comparte defensa con Oriol Junqueras, por lo que es probable que siga su estrategia de negarse a responder a las acusaciones.
El ministerio público le atribuye el liderazgo de la campaña exterior del Govern para legitimar el «procés» internacionalmente, mediante el Diplocat -que la Fiscalía considera un «lobby» para difundir el mensaje independentista en el extranjero- y las delegaciones catalanas en el exterior.
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