Mundó, el segundo acusado en libertad en declarar en este juicio, se enfrenta a una pena de 7 años de cárcel por los delitos de desobediencia y de malversación de fondos públicos. Al igual que la exconsejera Dolors Bassa, ha roto con la estrategia de mandatarios de ERC como Oriol Junqueras y Raül Romeva y si ha contestado al representante de la Fiscalía, que en este caso era Javier Zaragoza.
Lo importante, según Mundó, es lo que el Govern realizó tras la suspensión de la convocatoria, y ha asegurado que él respetó todos los requerimientos del TC y no realizó ninguna acción relacionada con el referéndum desde el momento en el que fue suspendido. «No me haga responsable de interpelar a mis compañeros, solo soy responsable de mis actuaciones», ha respondido al fiscal Zaragoza.
El exmandatario catalán también ha dicho desconocer la existencia del documento Enfocats -una especie de hoja de ruta del independentismo incautada al que fuera número dos del exvicepresident Oriol Junqueras-, cuyo contenido, una vez tuvo acceso a él en la causa, ha calificado de «absolutamente estrambótico».
A lo largo de su interrogatorio, el exconsejero de Justicia ha eludido responder a varias de las preguntas del fiscal, referidas al contenido de la ley de Transitoriedad para la República Catalana, alegando que dichas preguntas no tenían ninguna relación con los delitos concretos de los que se acusa. Otras preguntas rechazadas se referían al contenido de varios 'tuits' que Mundó publicó sobre las concentraciones frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 y la consulta del 1 de octubre.
En relación con la malversación, ha manifestado que el Govern como tal no es un «organismo de contratación», ya que éstas las realiza cada departamento mediante un proceso que dura como mínimo unos 45 días y bajo la supervisión de un grupo de al menos veinte funcionarios, a los que se sumaban en dicho momento controles adicionales desde el Gobierno central.
En este punto, Mundó ha manifestado que el referéndum «no se sufragó con dinero público» y que «está acreditado sin ninguna duda» que las facturas intervenidas en la empresa Unipost -encargada supuestamente del reparto de material para la consulta- «nunca se pagaron».
La extensión de la sesión del juicio de este miércoles, en el momento en el que se superaban las nueve horas, ha motivado la intervención del abogado del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, que ha interesado su interrupción dado que la declaración de su cliente está prevista para mañana jueves y debe despertarse en prisión a las 6.00 horas.
Marchena ha respondido que el tribunal quiere garantizar el derecho de los acusados a un proceso sin dilaciones para que el juicio no se alargue durante muchos meses y, seguidamente, ha dado la palabra a la abogada del Estado para que comenzara a interrogar a Mundó. En ese momento pasaban las nueve y cuarto de la noche.
En respuesta a los Servicios Jurídicos del Estado, representados por la jefa de lo Penal de la Abogacía, Rosa María Seoane, Mundó ha reconocido que votó el 1-O y que su preocupación en ese momento era que no se gastara dinero público en la consulta, extremo que no tuvo lugar. Esta era la interpretación que Mundó ha señalado que hizo de la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional.
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