Durante su interrogatorio, que ha durado una hora y cuarto, Vila ha explicado a preguntas del fiscal Fidel Cadena la labor de «interlocución» que él mismo ejerció después de la consulta con «altos dirigentes del PSOE y del Gobierno de España», incluso con sectores «religiosos, de la empresa e institucionales» para «evitar el choque de trenes» e «ir desencalando la tensión».
«Algunos vivimos hasta el ultimo segundo la convicción de que no se llevaría a cabo el 1 de octubre, nos acompañará el dolor toda la vida de ver señoras por los suelos, pero esas semanas muchos nos comprometimos para evitar la suspensión del autogobierno que ya era una amenaza que se nos advertía», ha continuado.
Vila, que se encuentra en libertad provisional, ha relatado este contexto para explicar por qué presentó su dimisión el 26 de octubre de 2017, un día antes de la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) al sentirse «frustrado». Ha admitido que la noche del 25 de octubre tenía la «sensación de paz interior» al creer que el gobierno catalán no tomaría ninguna decisión de forma unilateral. Sin embargo, «el clima de desconfianza y la tensión exterior era tan fuerte que todo se torció».
En este sentido, ha indicado que desde el 1-O existían «discrepancias de interpretaciones» en el «seno del movimiento soberanista» sobre lo que había pasado, ya que algunos veían el referéndum como una «movilización» que «obliga» e «interpela» a continuar con el objetivo de conseguir la independencia; mientras que otros considerar que «debíamos ser el Gobierno de todos» porque «más de dos millones y medio de catalanes se han quedado en casa y han visto una movilización en la que no se sintieron interpelados».
Dice que no desobedecieron al TC
Vila ha sido el primer acusado en declarar en la sesión de este jueves --la sexta jornada del juicio-- y el noveno de los 12 líderes independentistas sentados en el banquillo. El interrogatorio del representante del Ministerio Público ha comenzado pidiendo la confirmación sobre si Vila recibió al menos seis requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) comunicando su obligación de impedir cualquier actuación relacionada con el referéndum.
El exconseller, que se enfrenta a siete años de prisión por malversación de caudales públicos y desobediencia, ha ratificado que tuvo conocimiento de estos autos y providencias del tribunal de garantías, pero ha precisado que entendió que no tenía que darse por aludido por todas ellas, ya que consideraba que algunas iban destinadas directamente al Parlament de Cataluña.
Aún así, en varias ocasiones ha destacado su convencimiento sobre que ningún miembro del Gobierno de Carles Puigdemont eludieron las resoluciones del TC, ya que todas las iniciativas adoptadas para la celebración de una consulta independentista «decayeron». En este momento, Vila ha apuntado que cuando la ley del referéndum --aprobada en la cámara parlamentaria catalana el 6 de septiembre-- fue suspendida, la consulta «muta a una gran movilización política» y, por tanto, «ya nunca lo reconocí como referéndum».
Presión para tomar decisiones
Durante su comparecencia, Vila ha recordado que la legislatura de Carles Puigdemont comenzó con una «presión muy fuerte por parte de la ciudadanía» y de algunos partidos políticos para que el Govern tomase decisiones «unilaterales». Al igual que han hecho otros de los acusados en su declaraciones previas, ha señalado que la idea de hacer una votación apareció en el verano de 2016 cuando el expresidente se enfrentó a una cuestión de confianza y que para evitar una nueva convocatoria de elecciones se anunció el referéndum.
«Por sorpresa para todo el mundo» dijo que «el gobierno iba a trabajar» para conseguir que esta votación, con el lema «referéndum o referéndum». Con la consulta sobre la independencia de Cataluña se intentaba «tensar la cuerda, pero que no se rompiera y encauzar un movimiento ciudadano pacífico, cívico, reiterado y persistente», ha añadido.
De hecho, ha subrayado a preguntas de su abogado, Pau Molins que él entró a formar parte en el Gobierno de Puigdemont por su confianza, y que no le cesó en julio de 2017 como a otros tres consejeros, porque consideraba que su «papel sería más útil». Según ha dicho, el expresidente era consciente de lo «valiosa» que podía ser su mediación «en Madrid».
Por otro lado, el exconsejero ha asegurado que en ningún momento, ninguno de los miembros del Govern han contemplado que sus actuaciones podían tener «consecuencias penales», ya que trataban de «buscar la manera de encauzar lo que parecía un conflicto institucional impropio de los tiempos «. También ha negado la malversación de fondos públicos que le atribuyen las acusaciones.
Empresarios y mecenas
En este sentido, ha enfatizado que, al menos desde la consejería que dirigía, no se ha destinado ningún euro público para el 1-O, sino que pudo venir de «mecenazgos, empresarios, mecenas catalanes y catalanistas», tal y como ha venido sugiriendo desde la primera vez que fue a declarar a la Audiencia Nacional.
«Ya me lo preguntó la juez Lamela. Si han sido tan sobrios, ¿qué ha pasado aquí? Sólo respondo especulativamente, por mi impresión y por mi bagaje político catalán esto se financió por mecenazgo, con empresarios mecenas catalanes y catalanistas. Insisto en que estoy especulando», ha explicado.
Además, Vila ha asegurado que ha «procurado no ser más ingenuo de lo imprescindible» y por eso preguntó al expresident Carles Puigdemont, quien, según su versión, le llegó a decir que estuviera «tranquilo» porque no se iba a gastar «ni un euro del erario público».
El exconsejero ha lamentado que esta situación haya acabado con ellos frente al tribunal y ha dicho que «viendo con perspectiva» la situación habría sido gestionada de otro modo. Del mismo modo, ha reconocido que «con el tiempo» reconducirá su «amistad» con Puigdemont, pues le «duele profundamente» que él se encuentre huido y que su familia continúe en Girona.
Una vez que ha terminado de declarar, Vila no ha vuelto al banquillo de los acusados para seguir el juicio con sus compañeros. Ha decidido situarse detrás de su abogado, al igual que hizo el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.
3 comentarios
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Y con un poco de ayudita de Mr. Pujol....
Donde esté la sede no importa mientras. Lo que importa es donde está registrada y donde se paga. La maniobra de "mover sedes" que hubo durante el procés es un engañabobos porque siguen tributando en españa. Lo que me sorprende es que funcione, pero viendo como venden la moto los derechistas, tampoco es que me de para mucha sorpresa. Sea como fuere, sugiero no subestimar la voluntad de un pueblo.
Jajajjaja, me parto mecenas catalanistas van a poner la pela para una causa que saben que es imposible, jajajajaaja Si no que Le pregunten al independentista de Grifols.... Que es super independentista pero la sede de Grifols se la llevado a Irlanda para no pagar los impuestos en Catalunya..... Estos nos toman por tontos....