Así lo han declarado los dos jóvenes, Vicent Nos y Quim Franquesa, en su comparecencia en calidad de testigos durante el juicio, donde han detallado que asistieron a una reunión a mediados de agosto de 2017 con autoridades del Gobierno catalán de entonces en la que se les expuso el objeto de la aplicación que les pedían desarrollar. Los dos se pronunciaron en los mismos términos durante la comparecencia que prestaron el año pasado ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O.
En esa reunión, han indicado los dos, estuvieron presentes Puigdemont, Junqueras, la dirigente de ERC Marta Rovira, además de otras personas que en ese momento no reconocieron. Nos ha señalado que en su declaración posterior ante la Guardia Civil le mostraron unas fotos y en ellas reconoció al exconseller de Justicia Carles Mundó.
LES DIJERON QUE HABRÍA UNA LEY QUE AMPARARÍA EL 1-O
Según la declaración de estos dos testigos, fue el militante de ERC Xavier Vendrell quien contactó con Franquesa a principios de agosto de 2017 para proponerle desarrollar un sistema de participación electrónica. Han admitido que sabían desde el primer momento que esa aplicación se utilizaría para el referéndum independentista, pero les garantizaron que «sería legal» porque estaría «amparado» por una ley que se iba a aprobar en unas semanas en el Parlament.
Franquesa llamó a Nos para pedirle su colaboración y los dos asistieron a la reunión con los dirigentes catalanes, que se celebró en el Palacio de Pedralbes. El encuentro duró poco más de una hora y se habló sobre todo de la propuesta concreta, la seguridad que deben tener ese tipo de aplicaciones y los calendarios que se manejaban para el desarrollo.
Nos ha explicado que nadie en la reunión les pidió confidencialidad sobre lo que allí se trató y ha afirmado que por el desarrollo del proyecto les pagarían entre 400.000 ó 500.000 euros, aunque la mitad se invertiría en «recursos» de la propia aplicación, como su mantenimiento.
Sin embargo, Franquesa no está seguro de que se hablara de la retribución, aunque sí ha recalcado que ni él ni Nos tuvieron nunca claro cómo se iba a pagar el trabajo. Eso sí, ha subrayado que le aseguraron que la Generalitat «no iba a pagar nada» porque tenía las «cuentas bloqueadas». «Nos dijeron que nos pagaría una tercera parte», ha apuntado.
EN EL CTTI NO DIERON EL VISTO BUENO
Franquesa ha explicado que después de esa reunión en Pedralbes él mismo mantuvo encuentros con técnicos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), pero que éstos «no estaban muy dispuestos a desarrollar un proyecto de estas características» y por eso «no dieron su visto bueno».
Según ha relatado, así fue pasando el tiempo y finalmente, a principios de septiembre, se echaron atrás y decidieron no desarrollar la aplicación debido a la aprobación de las leyes de desconexión, que «seguramente iban a ser anuladas» por el Tribunal Constitucional, y porque no sabían aún quién les iba a pagar. Nos, además, ha añadido que a esas alturas ya no daba tiempo a elaborar la aplicación y tampoco se les había pagado el dinero necesario para hacerlo.
Después de los informáticos ha comparecido Teresa Guix, a quien la Generalitat le encargó el diseño gráfico de la web 'pactepelreferendum.cat' debido a que ya había firmado contratos menores con la administración catalana. La mayoría de las contestaciones de esta testigo a las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal ha sido «no lo recuerdo», lo que ha llevado al presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, a pedirle que concrete sus respuestas, incluso que justifique esa «desmemoria».
SOBRE UN REFERÉNDUM PACTADO
Guix ha explicado al tribunal y a la fiscal que ella tan sólo se dedicó a hacer el diseño de dicha página y que no se detuvo en el contenido. Únicamente recuerda que se «daba la información de las asociaciones o individuos» que estaban a favor de «realizar un referéndum pactado», pero nada que ver con el 1-O, ha dicho.
Asimismo, ha afirmado que desconoce si se incluyó un registro de voluntarios. En este sentido, ha calificado el proyecto que entregó al entonces responsable de Contenidos Digitales de la Generalitat, Roc Fernàndez, de «propuesta» porque lo que finalmente se publicó fue «muy diferente» y que por ello se desentendió por completo de este trabajo.
Guix también ha explicado que tras ser llamada por la Guardia Civil y en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el marco de la investigación de la organización del 1-O, decidió por «prudencia» devolver los 2.700 euros que le habían pagado por este diseño. No obstante, ha sido preguntada por un pago, cuyo destinatario era el informático Ibon Orrantia, a lo que ha explicado que lo aceptó porque entiende que esta persona no tiene un contrato «abierto» como ella.
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