Torrent ha comparecido ante los medios en el Parlament, después de que el TC haya lanzado, tras una reunión extraordinaria este martes, un nuevo aviso dirigido a él y al resto de miembros de la Mesa sobre el riesgo penal del delito de desobediencia si ignora o elude sus resoluciones, si bien ha rechazado deducir testimonio contra ellos.
«En el Parlamento de Cataluña se debe poder hablar, debatir y votar de todo. Es la libertad de expresión de los diputados y se protege así también los derechos de los ciudadanos a los que representan», ha señalado Torrent, que ha asegurado que ni él ni la Mesa impedirán debatir y votar la propuesta de resolución de ERC, JxCat y la CUP sobre de respuesta a la sentencia del 'procés'.
«El Gobierno focaliza en mí la responsabilidad y las decisiones de la Mesa del Parlament. Hay una voluntad de individualizar la responsabilidad, pero lo que no sabe o entiende el Gobierno es que esos debates seguirán vivos en la sociedad catalana. No es cuestión de un presidente u otro», ha señalado en rueda de prensa.
Para Torrent, «es peligroso que se intente limitar debates parlamentarios», por lo que él se «mantendrá donde siempre», es decir, «en la defensa del derecho de los grupos parlamentarios a poder posicionarse sobre todo».
Además, ha recordado que, «sobre la autodeterminación, el Parlament ha aprobado resoluciones desde 1989».
Torrent ha instado a Sánchez a dejarse de «persecución parlamentaria» y «sentarse a hacer política a una mesa de diálogo».
Por otro lado, ha tachado de «absoluta anormalidad» el hecho de que «el TC se reúna de urgencia para amenazar de nuevo a la Mesa y al presidente del Parlament».
El TC ha admitido este martes a trámite varios incidentes de nulidad presentados por el Gobierno contra dos acuerdos de la Mesa del Parlament del 22 y 29 de octubre, relativos a una propuesta de resolución en respuesta a la sentencia del 'procés' y al rechazo a las solicitudes de reconsideración de varios grupos de la oposición.
Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, el TC ha rechazado por el momento deducir testimonio -es decir, pedir la apertura de la vía penal- para exigir posibles responsabilidades penales, como pedía el Gobierno.
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