Guerrero y Fernández, que estuvieron en prisión en la instrucción del caso, fueron condenados a la mayor pena de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía: siete años y once meses de prisión y 19 años y medio de inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos y prevaricación.
Viera y Márquez, por su parte, fueron condenados a siete años y un día de cárcel, así como a 18 años de inhabilitación por los mismos delitos.
Fuentes de la Fiscalía han explicado que han solicitado la celebración de una vista en la Audiencia de Sevilla para decidir el ingreso en prisión de los cuatro exaltos cargos en virtud del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Antonio Fernández fue condenado después de que la Audiencia certificara «su participación directa» en la disposición de fondos públicos con «fines ajenos al que estaban destinados».
También «permitió» que Guerrero dispusiera de esos fondos vinculados al programa 31L a pesar de que era conocedor de que ese alto cargo «no era competente para dar las ayudas».
La sentencia recuerda que mientras Fernández fue viceconsejero de Empleo, entre 2000 y 2004, se tramitaron las modificaciones presupuestarias que «introdujeron el uso inadecuado de las trasferencias de financiación», lo que «suponía dejar de cumplir los requisitos de la normativa de subvenciones» y dar ayudas «al margen de este procedimiento».
Respecto a Viera, que fue el consejero que en el año 2000 ideó el sistema de pago de los ERE en Andalucía, impulsó las tres modificaciones presupuestarias en los años 2000 y 2001, que incluyeron el uso «inadecuado» del dinero destinado a las ayudas, según la sentencia.
En esas modificaciones, «el único cambio operado fue pasar de la clasificación económica adecuada, la establecida para las subvenciones, a la prevista para el uso de las transferencias de financiación».
«Siguió haciendo este uso inadecuado de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron, incrementando el programa 22E y luego 31L, en lo relativo a las transferencias de financiación al IFA, en materia de relaciones laborales», resume el juez.
Guerrero, por su parte, ha sido un protagonista crucial en el caso de los ERE, pues las investigaciones iniciales de la jueza Mercedes Alaya dieron un avance cualitativo tras conocerse que el director general de Empleo declaró a la Policía Nacional, en diciembre del 2010, que estas ayudas sociolaborales, consignadas en la partida 31L de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, se repartían a modo de «fondo de reptiles».
La Fiscalía le atribuye un papel destacado en todo el proceso de concesión de las ayudas sociolaborales de los ERE, ya que algunas las repartió entre familiares y amigos, sin ningún sometimiento a las normas, y no hizo nada por arreglarlo ni por desvelarlo.
El sucesor de Guerrero, Juan Márquez, «siguió concediendo ayudas utilizando el mismo mecanismo que su antecesor, repitiéndose, en mayor o menor medida, los puntos que ya se habían sido denunciados por la Intervención en el informe adicional al de cumplimiento de la agencia, del ejercicio 2003», según la sentencia.
«Por tanto, siguió concediendo ayudas con conocimiento de que la transferencia de financiación no era el instrumento adecuado, sin cumplir procedimiento alguno, y sabiendo que no iban a ser objeto fiscalización previa», concluye el ponente de la sentencia, Juan Antonio Calle Peña.
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