En la segunda jornada del juicio en la Audiencia Nacional por la actuación de los Mossos el 1-O, el teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, ha continuado su interrogatorio a Trapero preguntándole acerca de una serie de correos electrónicos que recibió de la Comisaría General de Información.
Según Carballo, en uno de esos correos, se evaluaba la «posible actuación de colectivos anarquistas que podían incluso reivindicar la actividad violenta en forma de artefactos explosivos y de actividad armada en Cataluña».
Trapero previamente ha querido aclarar que no se puede dar por supuesto que se leía todos los informes que le enviaban, «no es así». «Uno no tiene capacidad de leer absolutamente todo lo que le llega al correo», ha replicado, para después asegurar que ese correo en concreto no lo llegó a leer.
«Eso le aseguro no haberlo leído y en ninguna reunión en la que se analizaban los riesgos para el 1-O, la Comisaría General de Información jamás se habló en esos términos», ha sostenido.
Ha explicado que sobre los colectivos anarquistas, ayer ya señaló que en las últimas valoraciones que se expusieron en una de las reuniones que tuvo en el Palau de la Generalitat se habló de 40 zonas, barrios conflictivos con grupos de tipo anarquista con los que ya habían tenido habíamos problemas.
Más allá de eso, «nunca se valoró en esos términos de que hubiese artefactos», ha insistido.
Sobre estos correos que le fueron remitidos, Trapero ha explicado que los informes sobre la valoración de riesgos de cara al 1-O comenzaron a hacerse de forma semanal o quincenal para pasar a ser diarios al acercarse la fecha de referéndum
A preguntas del fiscal ha rechazado que estos informes estuviesen relacionados con el conocido como el plan Ágora, ya que este se diseñó en julio, y entró en vigor el 4 de septiembre, algo más tarde de lo previsto debido a los atentados de Cataluña del 17 de agosto
El Plan Ágora, según ha indicado, respondía a que el proceso soberanista implicaba un «tensionamiento social», por lo que se centraba en dar seguridad a las instituciones que tuvieran «algún tipo de amenaza, escrache o daño. «Esa sería la única relación» con el procés, ha precisado.
Según el fiscal, en un informe del 11 de agosto Manuel Castellví, responsable de la comisaria general, aportó «novedades relevantes en relación con el proceso» como las fechas en las que estaba prevista la votación de las leyes del referéndum, que entonces no se sabían.
«Usted tenía información privilegiada sobre esa tramitación legislativa», le ha señalado Carballo a Trapero, que ha afirmado que no recordaba haber leído ese correo como otros muchos, y ha explicado que en las reuniones que se mantenían se hacía una síntesis de las novedades más relevantes.
Ha asegurado desconocer de dónde se obtuvo esa información, y ha indicado que Castellví ha sido llamado como testigo a este juicio, y «le podrán preguntar». «Lo que se hizo con esa información es responsabilidad de la Comisaría general de Información», ha zanjado.
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