Franco afirma que no había ningún elemento para prohibir un derecho como era la manifestación del 8-M

«No puedo considerarme responsable del 8-M porque no había ningun elemento en aquel momento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental, cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales», ha afirmado.

Según ha apuntado, durante su comparecencia ante la juez ha dejado «perfectamente claro» que su actuación como delegado del Gobierno en este asunto siempre lo fue «con arreglo a la ley» y siguiendo las «recomendaciones de los expertos» en la evolución de la pandemia de covid-19.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid tras una hora y media de declaración como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con la celebración de manifestaciones entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la multitudinaria marcha feminista.

A Franco le acusan varias acciones populares en relación con la actuación de su departamento durante los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio. La Fiscalía no encuentra indicios de delito y solicitó el archivo de la causa, al igual que ha hecho su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, si bien la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid rechazó ayer esta pretensión.

Al salir de la sede de los juzgados, la expectación mediática era máxima, con una veintena de redactores y medios gráficos en la puerta esperando al delegado del Gobierno, quien se ha visto rodeado de micrófonos y cámaras en pocos segundos. Todos, imputado y periodistas, llevaban puesta la mascarilla, pero durante las declaraciones no se ha podido guardar una mínima distancia de seguridad ante la necesidad de grabar las palabras de Franco.

A la pregunta de si cree que actuó correctamente al permitir la marcha del 8-M, Franco ha recalcado que «las manifestaciones no se autorizan» y que en todo caso lo que se podría haber hecho «eventualmente» era prohibirla, pero ha reiterado que en aquel momento «no había ninguna recomendación que llevase a la Delegación del Gobierno a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental».

Franco, que ha dicho que no ha hablado públicamente hasta ahora del asunto para no «alterar el trabajo» de la juez, ha subrayado que «por supuesto no está acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos que se dio el día 9 tuviese que ver con la manifestación del día 8, entre otros motivos porque los técnicos sanitarios saben que si se produce el contagio, tarda en manifestarse más o menos 14 días».

Sobre el recurso de su defensa, la abogada del Estado Rosa María Seoane, en el que acusaba a la juez Rodríguez-Medel de abrir con esta investigación una «causa general» contra el Gobierno, el delegado no ha querido hacer ninguna valoración, aunque ha añadido que tiene su «opinión» al respecto.

Y con respecto a los informes de la Guardia Civil entregados a la magistrada en el marco de este caso, ha afirmado que no está de acuerdo con las conclusiones que reflejan esos documentos, pero ha recalcado que tiene «un gran respeto a la Guardia Civil como institución, como a la justicia en un Estado de Derecho» como es España, por lo que espera que «la justicia haga su trabajo».

Por último, Franco ha lamentado «profundamente» que hoy se esté hablando de esta causa abierta en los juzgados de madrid y no «de la salida de la crisis, por ejemplo del tema de los ERTE o del Ingreso Mínimo Vital que está implementando el Gobierno para ayudar a salir de la crisis a los más desfavorecidos».

«Pero en fin, me ha tocado esto y yo he intentado cumplir con mis obligaciones como delegado del Gobierno y como ciudadano de ayudar y colaborar con la justicia», ha aseverado.