De este modo, el Ejecutivo central destinará un total de 6.600 millones a las dos regiones más afectadas por la pandemia del coronavirus. Este reparto se hará en base a los criterios fijados por el Ministerio de Hacienda y son los que llevan a ambas autonomías a calcular que les corresponde estas cifras globales. Hacienda irá pagando los fondos de manera gradual y en base a los números que se vayan notificando desde los ejecutivos regionales en determinadas fechas.
La tercera región más beneficiada por estos repartos sería la Comunidad Valenciana, que estima recibir unos 1.463 millones del fondo COVID según apuntó el propio consejero de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler.
De este modo, la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana coparán más de la mitad (50,3 %) de este fondo de 16.000 millones no reembolsable que el Gobierno aprobó este mismo martes en el Consejo de Ministros.
Siempre atendiendo a las estimaciones autonómicas, las regiones que también han calculado lo que le correspondería de este fondo de 16.000 millones de euros han sido Asturias, Cantabria, Aragón, Extremadura y Murcia.
En el caso de Asturias, la consejería de Hacienda estima que serán 280 millones los que este territorio reciba del Fondo COVID-19. Por su parte, Aragón ha calculado que le corresponden unos 398 millones de euros de los 16.000 millones que ha aprobado el Gobierno.
Siempre según sus cifras, Extremadura y Murcia recibirán de este fondo más de 200 millones cada una, mientras que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, calcula que su territorio percibirá 121 millones.
El Ministerio de Hacienda ha tratado con las autonomías el reparto de este fondo y ha cambiado su distribución desde la primera propuesta que hizo precisamente a raíz de las conversaciones con los consejeros. La mayoría de autonomías asegura que no está conforme del todo con el resultado lo que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la prueba de que el reparto «ha sido justo».
Uno de los debates suscitado entre las Comunidades ha sido el peso de la población como criterio de reparto del fondo para gasto sanitario, reivindicado por las autonomías más pobladas como la Valenciana. Hacienda planteó desde el principio este fondo como una manera de ayudar a los territorios más afectados por el coronavirus, por lo que los criterios de reparto no son los del sistema de financiación autonómica sino que los gastos sanitarios por UCI, PCR realizadas y hospitalización pesan más.
Las cifras definitivas de qué corresponde a cada autonomía no se irán conociendo hasta que avancen los meses. El acuerdo del Gobierno establece que en julio se confirmará el reparto del primer tramo de 6.000 millones para gastos sanitarios, que se transferirá en ese mes con los datos facilitados por las autonomías hasta el 30 de abril.
Precisamente el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamó un aumento en la cuantía del fondo COVID-19 hasta los 25.000 millones para hacer frente a los gastos provocados de la crisis sanitaria.
«Se necesita un fondo para las comunidades de 25.000 millones de euros para afrontar este 2020 con la seguridad de que todos los gobiernos vamos a poder dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía», aseguró Aragonès el pasado lunes.
Casi la mayoría de gobiernos autonómicos han exigido al Gobierno central un incremento en lo que le corresponde del fondo, y que primaran otras criterios en el reparto de los 16.000 millones de euros.
Ha sido el caso por ejemplo del lehendekari, Íñigo Urkullu, que se ha mostrado totalmente «molesto y enfadado» por el reparto del fondo que excluiría al País Vasco, dado su régimen foral, del último tramo de 5.000 millones. Por ello, ha reclamado la reunión urgente de la comisión mixta del Concierto Económico y ha dicho al presidente Pedro Sánchez que la confianza se demuestra «con los hechos».
El Consejo de Ministros aprobó este martes los criterios de reparto del denominado 'fondo COVID-19' que irá destinado a ayudar a las autonomías a superar la crisis provocada por la pandemia. Tras un cambio en la propuesta inicial, el Ministerio de Hacienda finalmente decidió que 9.000 millones se destinarían a gastos sanitarios, 2.000 millones a un fondo de educación y un tercer paquete de 5.000 para compensar la recaudación hundida. De esta última parte, 800 millones irán a compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte.
En lo que respecta al paquete para Sanidad, el Gobierno dotará un primer tramo de 6.000 millones en cuyo reparto la población protegida equivalente pesará el 35 por ciento, los ingresos en UCI el 30 por ciento, las hospitalizaciones el 25 por ciento y las PCR totales, el 10 por ciento. Este primer tramo se pagará en julio.
Habrá una segunda parte de 3.000 millones, que se abonará en noviembre, y en la que el peso poblacional será del 45 por ciento, los ingresos en UCI el 25 por ciento, las hospitalizaciones el 20 por ciento y las PCR totales, el 10 por ciento.
Por su parte, el fondo para educación será de 2.000 millones y surge de una reorganización de la propuesta inicial. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, detalló que la población de 0-16 años pesará el 80% y el 20 por ciento restante, la de 17 a 24 años. Este fondo se pagará en septiembre.
En cuanto al tercer tramo, los 5.000 millones para compensar la caída de ingresos, el Gobierno tiene previsto transferirlos en diciembre. A su vez, este último tramo se divide en dos: uno destinado a los impuestos cedidos no sujetos a liquidación, de 4.200 millones, y el dedicado al transporte, de 800 millones.
En lo que respecta al reparto de los 4.200 millones, los ingresos medios de cada comunidad por ITPAJD, IEMDT y tributos sobre el juego (excepto on line) pesará el 60 por ciento, mientras que la población ajustada lo hará un 40 por ciento.
Por su parte, en el reparto de los 800 millones pesará un 24 por ciento el transporte regular de viajeros interurbanos (excluidas CRT Madrid, ATM Barcelona y los de Canarias); un 13 por ciento el transporte en metro, tranvía o tren de titularidad autonómica (no incluidos CRT Madrid y ATM Barcelona); un 49 por ciento los consorcios de transporte (se repartirá entre CRT Madrid y ATM Barcelona); y un 4 % las líneas de transporte interurbano en autobús de Canarias.
2 comentarios
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Luego los Catalanes dirán que España les roba. A disfrutar de lo votado
y para el resto de españa uma mierda