Con 159 votos a favor,- entre ellos PP, Vox y Ciudadanos- 178 en contra y 11 abstenciones, el Pleno ha rechazado la toma en consideración de la proposición de Ley de Ciudadanos, que ya planteó en 2017 una iniciativa similar ante la cámara que tras pasar el primer filtro en su tramitación no prosperó al llegar a la Comisión.
Este miércoles ni siquiera ha dado ese primer paso, porque PSOE y Unidas Podemos -junto a otros grupos como ERC, PNV y parte del Grupo Mixto, se han desmarcado del texto por «quedarse corto» a la hora de incorporar la directiva europea de protección a denunciantes y alertadores de corrupción que, prácticamente, ha monopolizado el debate parlamentario.
Mientras PP, Vox y Ciudadanos han defendido que la propuesta lo que hace es dar cobertura y amparo a los alertadores, otros grupos han considerado que, al contrario, la iniciativa «obvia» y «entra en contradicción» con aspectos de la propia directiva europea, que aun no ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español.
Esa ha sido la línea defendida por la socialista Rafaela Crespín que ha apostado por la aprobación de una ley integral de lucha contra la corrupción que recogerá un estatuto del denunciante como así figura en el cuerdo del Gobierno con Unidas Podemos, cuya representante también se ha remitido a esta iniciativa.
Tanto Podemos como ERC, Más País o EH Bildu han aprovechado sus intervenciones para cargar contra la «corrupción de los borbones» y el rol que juega el sector privado en las tramas corruptas, porque «cuando alguien recibe es porque alguien está pagando» y de eso, han añadido, «no hay nada» en esta propuesta de Ciudadanos.
Pero la formación naranja, a través de Edmundo Bal, ha presentado la propuesta como «un sí o un no contra la corrupción» en España que ha tenido «más de 200 tramas de corrupción en 40 años de democracia», y que necesita de «voluntad política» para afrontarla.
El popular José Antonio Bermúdez de Castro ha respaldado la propuesta que si bien es «casi idéntica a la de hace tres años», sirve para «dar protección a los denunciantes de corrupción en el ámbito del sector publico» cuando los grupos que han votado en contra han interpretado precisamente lo opuesto, que no protege lo suficiente a los alertadores.
A estos grupos se ha dirigido la diputada de Vox Macarena Olona, a quienes ha reprochado que su negativa a apoyar este plan supone «abandonar a los denunciantes y alertadores de corrupción», tras los cual ha enumerado algunos casos concretos de personas que desvelaron tramas en nuestro país y las consecuencias que han sufrido por ello.
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