Martín Villa defiende su papel en la Transición ante la juez Servini, que le imputa 12 muertes en actos violentos

El interrogatorio, realizado por videoconferencia, ha comenzado a las cuatro de la tarde (11 horas en Argentina) en la sede del consulado en Madrid, frente al que se han concentrado cerca de un centenar de personas del colectivo Ceaqua, que reúne a los querellantes en este procedimiento, y que portaban cajas de cartón con los nombres de las 12 víctimas por las que se inquiere al exministro español.

Al lugar llegaron en un momento determinado dos jóvenes portando una pancarta en la que podía leerse «Sólo España juzga a España. Vox», pero fueron apartados del lugar por agentes de la Policía Nacional, que les alejaron a una manzana de los concentrados.
El interrogatorio en sí comenzó sin embargo hora y media más tarde, ya que antes de comenzar la juez ha leído uno por uno todos los cargos a Martín Villa, que ha acudido a la cita asistido por su letrado, el abogado argentino Fernando Goldaracena.

Pese a anunciar que presentaría una declaración por escrito, el interrogatorio se ha extendido y ha versado sobre cada una de las muertes investigadas por la juez en relación con los diferentes cargos que tuvo Martín Villa durante los años investigados.

«NO QUEDÓ UN PRESO POLÍTICO EN LAS CÁRCELES»

Según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración, Martín Villa ha explicado ante Servini que antes de las elecciones de 1977 y «por primera vez en muchos años no quedó un solo preso político en las cárceles españolas ni un solo español exiliado en el mundo».

«Algo tuve que ver con todo esto como persona que compartió con muchos otros -correligionarios y adversarios políticos- la suerte, y en alguna ocasión el riesgo, de trabajar a favor de la Transición y de la Constitución de 1978», ha dicho.

«De aceptarse la versión de la querella», ha añadido, «si Adolfo Suárez viviera sería imposible que no se encontrara acusado también de genocidio o crímenes contra la humanidad, situación que no me atrevo a calificar».

Servini pretende determinar las posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria.

También le ha interrogado por su responsabilidad en la muerte de Rafael Gómez Jáuregui en Rentería; de José Luis Cano Pérez en Pamplona; de Francisco Javier Núñez en Bilbao -todas ellas ocurridas en 1977-, así como de José María Zabala Erasun en Hondarribia y de María Norma Menchaca en Santurce, ambas un año antes. Igualmente piden aclarar los sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona en julio de 1978 durante la celebración de las Fiestas de San Fermín.

La querella se interpuso inicialmente por las cinco muertes en Vitoria en marzo de 1976, cuando Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales. El exministro ya ha explicado al Juzgado argentino que la intervención de Adolfo Suárez, Alfonso Osorio y la suya comenzó después, no antes, de conocerse las muertes, y consistió en tomar medidas urgentes para evitar más violencia en Vitoria.

«Ciertamente hubo errores, graves errores, y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y, por tanto, sería legítimo que se reclamara una reparación justa -ha explicado este jueves ante la juez-. Pero una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación y otra es aceptar un relato de lo ocurrido, que lleva a la querella a afirmar incluso que en la Transición española hubo delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad».

DEFENDIENDO UNA ÉPOCA

En este punto ha insistido Martín Villa ante la juez, según fuentes conocedoras de la declaración, así como en los argumentos expresados en la carta que remitió el pasado 25 de agosto anunciando que trataría de defenderse personalmente, «pero sobre todo defender que en la Transición, que ha sido una de las mejores etapas de nuestra historia reciente, fue imposible que hubiese un genocidio».

En su declaración escrita, Martín Villa ha advertido de que las acusaciones de la querella contienen errores y falsedades en su catalogación de las muertes como genocidio, en la imputación de responsabilidades hacia él y en la versión que presenta de la Transición y la Ley de Amnistía.

Ha afirmado también que es imposible que hubiese un genocidio en la Transición, un proceso político que supuso la reconciliación entre los españoles, y ha explicado que la Ley de Amnistía en nada se pareció a las leyes de punto final; es decir, no se hizo para amnistiar a gobernantes sino a terroristas.

En relación con una nueva acusación contra él por una muerte causada por un disparo policial durante las fiestas de san Fermín en Pamplona en julio de 1978, ha precisado que en esos momentos España llevaba ya un año en democracia -las elecciones se celebraron en junio de 1977-, se había aprobado la Ley de Amnistía y se había alcanzado un acuerdo en el Congreso sobre la Constitución, aprobada poco después.

En su relato se ha referido igualmente, según las mismas fuentes, a que en una sesión de control al Gobierno en septiembre de 1977 sobre diversos incidentes en los que intervinieron miembros de los Cuerpos de Seguridad, el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, afirmó que era «la primera vez que he visto a un Gobierno de este país dar información interna del carácter de la que se nos ha proporcionado sobre la actividad de las Fuerzas de Orden Público y sancionar con relativa rapidez a oficiales y jefes que han incurrido en faltas graves en el ejercicio de su misión».

CARTAS DE APOYO

Junto a esta misiva, Martín Villa aportó 19 cartas de apoyo escritas, a título personal, de, entre otros, los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy -- además de una decena de líderes políticos y sindicales entre los que figuran el ex ministro socialista Josep Borrell y ex secretarios generales de UGT y CC.OO.--, en los que todos ellos, defienden su papel como «hacedor de consensos» durante los años investigados.

El exministro considera que la querella califica las diversas muertes como genocidio para justificar el acceso a la Justicia universal. El Juzgado de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional que en octubre de 2018 denegó la solicitud de la juez argentina para interrogarle en Madrid determinó en su auto, entre otras cosas, que si los hechos denunciados fuesen delitos de ninguna manera serían genocidio o crímenes de lesa humanidad.
En su relato también ha expuesto que pudo suceder que yo hubiese sido un ministro que rehuyese las responsabilidades políticas. «No ha sido así, y puede comprobarse en los Diarios de Sesiones de las Cortes», ha insistido.