Política económica y grupos vulnerables protagonizan un Presupuesto «inédito»

«Estos no son unos presupuestos normales», ha advertido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación de las cuentas en el Congreso de los Diputados, ya que están alteradas tanto por el contexto de pandemia como por los fondos europeos.
Para el próximo año Hacienda ha presupuestado 26.634 millones de fondos europeos, más de la mitad gestionados por comunidad autónomas y ayuntamientos, con los que quiere avanzar en las transformaciones pendientes del sistema productivo.

Gracias a este impulso, el gasto total consolidado -es decir, incluyendo Estado, Seguridad Social, organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos, pero no fondos de financiación ni dotaciones adicionales- ascenderá a 412.087 millones de euros, un 13,8 % más que en 2020.

GASTO SOCIAL

Más de la mitad de este total, un 58 %, corresponde al denominado gasto social, sobre todo por el volumen de las pensiones, que acaparan 39,6 euros de cada 100 tras revalorizarse un 0,9 % en términos generales y un 1,8 % en el caso de las no contributivas.

Las políticas destinadas a mayores también incluyen un aumento de la dotación para dependencia del 34,4 % y la eliminación del copago farmacéutico para los pensionistas de rentas bajas.

La protección contra el desempleo contará con 25.012 millones, un 20 % más, tanto para sufragar las consecuencias de la pandemia como las políticas de fomento del empleo, que se disparan un 29,5 % hasta los 7.405 millones.

Con el objetivo de proteger la infancia, el presupuesto de educación se incrementa un 70,2 %, lo que incluye recursos adicionales para financiar becas (2.090 millones), plazas públicas para menores de tres años (200 millones) o el Plan Educa Digital para reducir la brecha digital entre el alumnado (996 millones).

El colectivo de jóvenes contará con un plan de choque para formación profesional, una dotación de casi 1.200 millones de fondos europeos para competencias digitales o un mayor acceso a la vivienda, incluido en los 2.253 millones de la política de vivienda.
También aumenta la dotación para combatir la pobreza infantil, luchar contra la violencia de género, fomentar la conciliación, equiparar los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas o subir el IPREM.

El refuerzo de las políticas de sanidad, que contarán con 7.330 millones, incluye 1.089 millones para atención primaria y destinarán 1.011 millones para la adquisición de vacunas frente a la COVID-19.

POLÍTICA ECONÓMICA

Junto con la atención a colectivos vulnerables, el Presupuesto recoge un notable aumento, del 67,1 %, en la dotación para actuaciones de carácter económico, que sitúa la cifra total en 49.399 millones una vez incorporados los fondos europeos, un 12 % del total.

Con estos recursos no se pretende solo «apuntalar la situación de nuestro tejido productivo» tras la pandemia, ha señalado la ministra, sino «impulsar más allá» al país con la transformación de la economía.

El mayor repunte en este bloque corresponde a las políticas de comercio, turismo y pyme, que dispondrán de 2.230 millones, un 150 % más, para impulsar su internacionalización y modernización.

La dotación para infraestructuras y ecosistemas resilientes se dispara un 114,8 %, a 11.527 millones, para avanzar en la cohesión social, mientras que la de industria y energía se duplica, hasta los 11.166 millones, y la de investigación y desarrollo se eleva un 80,1 %, hasta los 11.483 millones.

INGRESOS

Además de la aportación de los fondos europeos, el Presupuesto prevé un aumento de los ingresos tributarios del 13 %, que situaría el total en 222.107 millones, gracias a la evolución positiva de la economía.

En concreto, se espera que la recaudación por IRPF suba un 7,8 %; la del impuesto de sociedades, un 20,7 %; y la de IVA, un 13,9 %, que se completarán con los ingresos de nuevas figuras como los impuestos a los servicios digitales, las transacciones financieras o los plásticos de un solo uso y «ajustes» como la subida del diésel.

Tras su entrada en el Congreso, las cuentas inician su tramitación, que arranca enturbiada por las críticas del PNV a la subida de la fiscalidad del diésel, aunque Montero confía en que se aprueben de forma definitiva para su entrada en vigor en los primeros días de enero.