Así lo ha resuelto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell (Barcelona) en un auto en que concluye que es «inviable» seguir la causa contra la cúpula de los Mossos en la anterior etapa de Trapero -entre otros, contra los comisarios Ferran López y Joan Carles Molinero-, porque, cuando recibió el caso de manos de un juzgado de Cornellà (Barcelona), ya había finalizado el plazo para pedir nuevas diligencias.
Por el contrario, el juez deja a un paso de juicio a la comisaria Cristina Manresa y a otros seis mandos y agentes de los Mossos que durante el 1-O estaban adscritos a la región policial metropolitana norte de Barcelona, ya que aprecia indicios de que cometieron un delito de desobediencia grave, aunque reconoce que «a primera vista» ello podría parecer «absurdo o ilógico» tras la absolución de Trapero por parte de la Audiencia Nacional.
La causa que el juez de Cornellà abrió contra la cúpula de Trapero, en paralelo a la de la Audiencia Nacional en que el mayor acabó absuelto, se dirigía también contra el comisario jefe de la Comisaría de Planificación de Seguridad, Emili Quevedo; el comisario de la Prefectura Xavier Gàmez; la jefa de asesoramiento jurídico, María Paz Martí; el intendente de la comisaría superior de coordinación central, Antoni Verger, y el jefe de la división técnica de planificación de la Seguridad, Amadeu Domingo.
Ferran López, que asumió el mandato de los Mossos tras la destitución de Trapero al aplicarse el 155 el 27 de octubre de 2017, y Joan Carles Molinero son dos de los comisarios de más confianza del mayor, que una vez restituido al frente de la policía catalana, el pasado 12 de noviembre, los ha vuelto a aupar a la cúspide.
Las declaraciones de López y Molinero en el juicio a la cúpula del «procés» en el Tribunal Supremo, y posteriormente en el de Trapero en la Audiencia Nacional, fueron claves para que el mayor acabara siendo absuelto, en una resolución que es firme.
Ambos avalaron en sus declaraciones el alegato del mayor de que hicieron todo lo que pudieron para evitar el 1-O, pidieron al Govern que lo desconvocara por el riesgo de incidentes y planearon la detención del Ejecutivo catalán tras la DUI.
El juez de Sabadell argumenta en su auto que no puede seguir adelante en la investigación contra la cúpula de los Mossos porque cuando recibió el caso de manos de un juzgado de Cornellà, que se lo remitió después de intentar sin éxito inhibirse a la Audiencia Nacional, había finalizado el plazo para acordar nuevas diligencias, sin que los imputados hubieran sido ni siquiera interrogados.
El pasado 30 de noviembre, la Audiencia de Barcelona desestimó un recurso de la Fiscalía para pedir que se ampliara el plazo de instrucción contra la cúpula de Mossos, lo que impedía al juez encargar nuevas diligencias y hacía «absolutamente inviable» que la causa siguiera adelante, según el auto.
Por el contrario, respecto a la comisaria Cristina Manresa y los otros seis mandos y agentes de la región metropolitana norte de Barcelona durante el 1-O, sí aprecia indicios de desobediencia grave, al considerar que el «fracaso» en el dispositivo para evitar el referéndum ilegal «habría sido consecuencia del propio diseño y cumplimiento» del plan de Mossos y de la «actitud omisiva de los diferentes miembros» de la policía catalana.
«Las pautas se diseñaron como una simple fachada de cumplimiento», apunta el juez, que subraya que se trataba de órdenes «inidóneas para ejecutar de modo eficaz las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», de lo que, a su parecer, eran conscientes tanto quienes las habrían diseñado como los mandos a los que les fueron transmitidas.
Precisamente, el juez opta por dejar a Manresa, a su número dos en la región, Xavier Creus, al jefe y subjefe de la sala regional de la zona, al jefe de la comisaría de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) y a dos agentes a las puertas de juicio porque opina que corresponde al tribunal competente determinar si las pautas y la actuación de los Mossos para impedir el 1-O «era una mera apariencia formal» que «en verdad» buscaba el «incumplimiento» de las órdenes judiciales.
También corresponde al órgano enjuiciador, según el juez, «valorar si los diferentes investigados actuaron o no en estricto cumplimiento de dichas pautas, si su supuesta pasividad u omisión se debía exclusivamente a tal cumplimiento o a la falta de recursos materiales o humanos o a otros motivos».
Y todo a ello, remarca el juez, pese a reconocer que la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a Trapero no encontró «elementos de delito alguno», no consideró que las pautas fuesen «una mera fachada formal de cumplimiento fingido» ni estimó que hubiese habido una «omisión contumaz» de los Mossos respeto a las órdenes del TSJC de impedir el 1-O.
«Podría parecer a primera vista absurdo o ilógico que, dado que ha habido un pronunciamiento firme de un órgano enjuiciador sobre tales cuestiones, el presente procedimiento deba continuar, en lugar de ser archivado», admite el juez.
No obstante, en su auto, que se puede recurrir, deja a los acusados a un paso de juicio, al dar diez días a la Fiscalía y a la acusación popular para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias
4 comentarios
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!!Para eso quieren tener los independentistas guardia pretoriana!!!
¿ Alguien aún cree en la Justicia en España ? Verde si rojo no
Trapero, un tio ben curro, honest i guapo de collons...
Siete mandos que seguían órdenes de quién?? De Trapero....entonces?