En un auto, la sala contenciosa del TSJC ha decidido mantener las medidas cautelarísimas que dictó el martes, por las que suspendía el aplazamiento del 14F, a la espera de pronunciarse en su sentencia -que dictará antes del 8 de febrero, probablemente en plena campaña electoral- sobre los recursos presentados contra el decreto.
La Generalitat ha apurado el plazo establecido por el TSJC y, esta misma mañana, ha presentado sus alegaciones en defensa del decreto de aplazamiento de las elecciones, además de tres informes que justifican posponer los comicios hasta el 30 de mayo, pero ello no ha impedido que el TSJC mantenga provisionalmente el 14F.
Tras conocer la decisión del TSJC, que ha trascendido en paralelo a la inhabilitación del conseller Solé por desobediencia grave al facilitar el referéndum del 1-O en Agramunt (Lleida) cuando era el alcalde, el Govern en pleno ha comparecido -sin admitir preguntas- en el Palau de la Generalitat para denunciar la situación.
El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha afirmado que la decisión de mantener por ahora el 14F «genera un perjuicio a la ciudadanía» y representa un nuevo «intento de condicionar la política catalana y dejarla en manos de la justicia». «Es una irresponsabilidad que hace que muchos ciudadanos se vean obligados a escoger entre derecho a voto o derecho a la salud», ha denunciado Aragonès, que ha apostado por «preservar ambos derechos».
La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, a su vez, ha opinado que la decisión del TSJC "pone en riesgo la salud de los votantes y el mismo procedimiento electoral, al quedar alterados los procedimientos reglados", una situación que considera «muy grave».
También ha comparecido Solé, que ha anunciado que no piensa dejar por ahora su cargo de conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, sino que prevé «defenderse» de la condena a un año de inhabilitación y a una multa de 16.800 euros.
«No renunciaremos a ninguna de las vías para defendernos ante una sentencia injusta y seguiremos al frente de nuestras responsabilidades, porque el país tiene necesidades urgentes», ha asegurado, arropado por el resto de miembros del Govern.
Mientras tanto, desde la oposición, el candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha dicho «respetar» la decisión del TSJC de mantener provisionalmente el 14F, si bien ha insistido en la mayor «idoneidad» sanitaria del aplazamiento y ha pedido al Govern que dicte un nuevo decreto «pero bien hecho», mientras que la cabeza de lista de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha señalado que «es de sentido común aplazar las elecciones por motivos sanitarios».
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que el candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, mantiene su «compromiso» de dejar el Ministerio de Sanidad antes de que empiece la contienda electoral del 14F, pese a la incertidumbre sobre si finalmente habrá o no comicios en esa fecha. Eso aboca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a modificar la próxima semana por vez primera su Ejecutivo de coalición.
Por su parte, en declaraciones a La Sexta, el presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su respeto al TSJC y ha advertido: «Si alguien no quiere soberanismo, no quiere a ERC, no quiere al independentismo, votar al PSC no aporta nada».
Asimismo, en declaraciones a La 2, la delegada del Gobierno en Cataluña, la socialista Teresa Cunillera, ha ofrecido apoyo logístico al Govern para los preparativos electorales del 14F.
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