Con la misma mayoría, ha rechazado en una reunión extraordinaria la propuesta de ocho vocales de pedir al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impulsaron el PSOE y Unidas Podemos para recortar sus competencias y presionar así al PP a negociar la renovación de este organismo.
El CGPJ lleva ya más de dos años y cinco meses en funciones ante la incapacidad del PSOE y el PP de cerrar un pacto para elegir a los nuevos vocales; y su acuerdo es necesario, ya que la ley exige que la renovación esté respaldada por una mayoría de tres quintos del Parlamento.
Ocho vocales del considerado sector conservador -Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y Ángeles Carmona- pidieron celebrar este pleno extraordinario para tomar medidas ante el recorte de competencias en funciones, al estimar que el Congreso se había arrogado atribuciones del CGPJ y que se había vulnerado la independencia judicial.
Pero la mayoría de los miembros de este órgano han rechazado acudir al Tribunal Constitucional como apostaba este grupo, que ha suscrito un voto particular en defensa de dar ese paso «para salvaguardar el principio fundamental de la división de poderes».
En un comunicado remitido a los medios, estos ocho vocales subrayan que ninguno de los asistentes al pleno extraordinario celebrado este miércoles «ha defendido la bondad constitucional» de la reforma legal impulsada por los grupos que sustentan al Gobierno.
Por otro lado, en la reunión se han aprobado por 17 votos a favor, tres en contra -de los vocales Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez- y uno en blanco – de Roser Bach- la contestación a las preguntas que les envió la Comisión Europea en el marco de la preparación de su informe sobre el Estado de Derecho 2021.
La CE se interesó por el «impacto» de la reforma, y, sin hacer valoraciones sobre la misma, el CGPJ le explica que, mientras siga en funciones, no podrá nombrar nuevos magistrados del Supremo ni presidencias en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.
En estos últimos tribunales quienes ocupan los altos cargos judiciales siguen en funciones, pero en el caso del Supremo las plazas quedarán vacantes sine die, mientras no se constituya un nuevo CGPJ.
Sobre el retraso en su renovación, el órgano de gobierno de los jueces recuerda a la Comisión Europea que su presidente, Carlos Lesmes, se ha dirigido en reiteradas ocasiones a las presidencias del Congreso y del Senado para recordarles la necesidad de iniciar los trámites.
Y sobre la reivindicación mayoritaria de la judicatura para que sean los propios jueces quienes elijan a la mayoría de los vocales -los doce de extracción judicial-, el CGPJ expone a Bruselas que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección es una competencia del Parlamento.
La semana pasada la vicepresidenta de la CE para Valores y Transparencia, Vera Jourová, avanzó que, en principio, recortar las competencias del CPGJ mientras esté en funciones entra dentro del Estado de derecho.
Fue muy crítica sin embargo con la reforma también registrada por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso que rebajaba las mayorías exigidas para renovar el CGPJ y que podría haber dejado al PP fuera de las negociaciones.
Tras los primeros recelos de Bruselas el Gobierno había dejado congelados esos cambios, pero la semana pasada el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció la retirada definitiva de la proposición de ley tras reunirse con Jourová.
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Te quitan competencias y no las vas a reclamar ni pelear? Estáis todos comprados. Tenéis las manos sucias. Ni la justicia ni la democracia existen en este país.