Así lo ha explicado la vicepresidenta primera del gobierno de Ceuta, María Isabel Deu del Olmo, en la puerta del juzgado, donde ha acompañado a los cinco menores que solicitaron el «habeas corpus» para evitar esta mañana su repatriación a Marruecos, que finalmente no se llevará a cabo ante la suspensión cautelar del proceso.
No obstante, la jueza ha rechazado el «habeas corpus» al considerar que no cumplen con el requisito que establece el artículo 17.4 de la Constitución Española en la Ley Orgánica 6/1984 en la que se especifica que con esta figura jurídica “se intenta remediar rápidamente la detención ilegal de un ciudadano”.
Fuentes judiciales consultadas por EFE han reconocido que estos jóvenes no estaban siendo trasladados para su repatriación en calidad de detenidos, por lo que la figura del 'habeas corpus' en esta ocasión no tiene cabida.
Los cinco menores han regresado al pabellón polideportivo de Santa Amelia, de donde habían sido trasladados este lunes por la mañana hasta la frontera del Tarajal para su devolución.
Esta decisión se produce después del auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta, que ha paralizado este lunes la repatriación de otros nueve menores al considerar que se ha cumplido con las normas y principios del derecho internacional y con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Además, esta respuesta del juzgado ha llevado a la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, junto con la Fundación Raíces, a solicitar al Gobierno que paralice todas las repatriaciones que comenzaron el pasado viernes y afectan a parte de los centenares de menores que entraron en la ciudad autónoma el pasado mes de mayo durante la crisis migratoria.
Las asociaciones han recalcado que las devoluciones de entre 45 y 60 niños realizadas desde el pasado 13 de agosto son «ilegales», a la vez que han denunciado que estas actuaciones vulneran «sistemáticamente» los derechos de la infancia en situación de mayor vulnerabilidad.
El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra (Podemos), ha enviado este lunes una nueva carta a Interior para reiterar su rechazo a este proceso y pedir un protocolo que establezca que los niños que deseen volver con sus familias puedan hacerlo en condiciones de seguridad, y los que no, se queden en España en condiciones de acogida dignas.
Preguntado esta mañana por las discrepancias entre su departamento y el que dirige Ione Belarra, el ministro Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que «todo el Gobierno está trabajando de forma conjunta» para que el retorno respete la ley y cumpla el principio del interés superior del menor.
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