Los magistrados han emitido el oficio en el marco del procedimiento impulsado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que este lunes interpuso recurso ante la Audiencia Nacional por vulneración de derechos fundamentales, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes jurídicas.
Las mismas fuentes han precisado que Interior tiene hasta este miércoles para informar sobre el escrito, con fecha del 10 de agosto, por el que se llama a «ejecutar las previsiones recogidas en el artículo 5 del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007».
El oficio en cuestión no convenció a la Fiscalía de Ceuta, que el domingo avaló la suspensión de las repatriaciones y que --según informó la Cadena Ser-- subrayó que en la operación desarrollada por Interior «solo consta como fundamentación jurídica de la misma un oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad, sin firma».
En un comunicado remitido ayer, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado aseguraba que la actuación del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska no ha seguido los protocolos y el tratamiento individual que exige el tratado entre Marruecos y España.
La entidad explicaba que presentó el recurso con la intención de que se dé por anulada la instrucción emitida por Interior por la que se ha impulsado la deportación de los menores migrantes residentes en Ceuta desde la crisis migratoria del pasado mayo.
En base a este incumplimiento, la entidad pidió a la Sala que esas instrucciones sean calificadas como «declaración contraria a derecho» lo que, de sustanciarse, supondrá la nulidad de la ejecución de esta instrucción y cuantas se hayan dado dependiendo de ellas.
Las 24 horas que la Audiencia Nacional ha dado al Ministerio de Interior se enmarcan dentro del plazo de 72 horas por el que este lunes la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha paralizado el operativo de repatriación.
La Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma dispondrán de tres días para aportar documentación que valide la forma en la que se están ejecutando esos traslados y si esta se acomoda o no a la legislación española.
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