Lesmes denuncia la «insostenible» situación del Consejo General del Poder Judicial

«La situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del Consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial», ha dicho durante la apertura del año judicial.

Por ello, el jefe del Poder Judicial ha subrayado que «urge» que el órgano de gobierno de los jueces «desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación».

Lesmes ha incidido en que la «anormal situación» que vive el CGPJ desde hace más de mil días se debe a «causas que le son completamente ajenas», recordando que son el Congreso y el Senado quienes deben nombrar a los nuevos vocales cada cinco años y que dicho plazo no es «meramente orientativo», sino que «están obligados» a respetarlo.

Ha hecho «extensible» esta obligación a las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras, recalcando que «un deber que dimana de la propia Constitución» no puede subordinarse en cuanto a su cumplimiento a «razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean». «No hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento», ha zanjado.

Lesmes, aunque ha admitido que este año el bloqueo en el CGPJ viene acompañado de «especial polémica» y ha asumido que la cuestión del sistema de elección de sus vocales ha sido tradicionalmente una cuestión «controvertida» por la «ambigua redacción constitucional», no ha querido entrar en la tormenta política, donde el PP exige cambiar dicho sistema antes de pactar el nuevo Consejo, de modo que los jueces elijan a los propios jueces, mientras que Moncloa reclama renovar ya.

«Sin necesidad de entrar en la misma», ha dicho sobre el sistema de elección del CGPJ, «quiero poner de manifiesto lo que es más relevante: el Consejo General del Poder Judicial, desde su inicial constitución en 1980, ha cumplido, a lo largo de las últimas cuatro décadas, su misión constitucional de garantizar la independencia judicial».

A este respecto, ha hecho hincapié en que en la Constitución se apostó por «un modelo institucional» de Poder Judicial «caracterizado por la existencia de órganos de gobierno judicial situados fuera de la dependencia del Poder Ejecutivo, en cuyas manos se ponen los instrumentos necesarios para resolver, de acuerdo con la Constitución y la Ley, cuanto afecta al estatuto de los jueces».

No obstante, sí ha querido poner de relieve que «los jueces españoles también son jueces europeos», por lo que «su independencia no puede ser comprendida plenamente sin la perspectiva de su acogimiento a las normas internacionales y de Derecho Europeo».

En este sentido, ha resaltado que «de la pertenencia a la Unión se derivan límites no solo para la potestad legislativa» de los estados miembros, «sino incluso para la constituyente, a la hora de articular el Poder Judicial».

Lesmes ha defendido que «una protección sólida» de la independencia judicial «exige criterios uniformes en toda la Unión». «Lo que también puede conllevar, incluso, coartar la autonomía de los estados miembros para llevar adelante ciertas reformas, como se ha visto en el caso español recientemente», ha apostillado.

Además, el presidente del TS ha mencionado como caso paradigmático de la preocupación de la UE por la independencia judicial las decisiones de la Comisión Europea respecto a Polonia.

Por otro lado, Lesmes ha denunciado que la reforma impulsada por el Gobierno y aprobada por las Cortes para impedir que un CGPJ en funciones pueda realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial «ha venido a agravar la situación» actual.

«La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos, sin que medie vinculación de dependencia política alguna de las Cortes Generales», ha reprochado.

En consecuencia, ha argumentado que «la justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución».

Al hilo de esto, ha criticado que, a pesar de que el CGPJ pidió ser escuchado y que también se recabara informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, así como que se escuchara a todos los agentes afectados, especialmente a las asociaciones judiciales, debido a la «trascendencia» de dicha reforma, todas estas peticiones fueron «desatendidas».

Lesmes ha recordado que esta reforma legal ha impedido al CGPJ continuar con altos nombramientos, «lo cual coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados y de manera especial a este alto tribunal». Ha precisado que ya hay 11 vacantes en el Supremo, de una planta de 79 magistrados, «por no hablar de muchas otras en las presidencias de diversos tribunales».

Y ello, ha subrayado, «está teniendo lugar en un contexto social y político de la máxima complejidad provocado --entre otras circunstancias-- por los devastadores efectos de la pandemia», que exige «un extraordinario esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos» y que demanda del CGPJ y de los órganos jurisdiccionales «una total plenitud de funciones y una absoluta disponibilidad de todos los efectivos y de todas las energías posibles».

En este contexto, Lesmes ha querido dedicar su discurso a «la independencia del Poder Judicial como garantía de nuestra democracia», apuntando asimismo que la pandemia ha puesto de manifiesto que dicha independencia no es un privilegio de los jueces, sino «una garantía de los ciudadanos».

El presidente del CGPJ ha afirmado que los jueces son independientes, a pesar de que el «escrutinio público» al que están sometidos --y que «debe ser acePtado desde la perspectiva crítica"-- «abre la puerta a posibles injerencias torticeras o inaceptables en el marco del debido proceso, o de su resultado, por las eventuales incomodidades que puede generar para los intereses en juego».
Lesmes ha enfatizado que «los juzgados y tribunales han dado muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados».

«En España se han dictado sentencias muy importantes en los últimos años en casos extremadamente sensibles, tanto desde el punto de vista político como social, y que permanecen en la memoria colectiva» y «los responsables de esas resoluciones han actuado siempre con arreglo a sus convicciones jurídicas», ha valorado.

Con todo, ha concluido que «la imagen de la justicia en España es notablemente mejor de lo que siempre se ha dado por supuesto», si bien ha lamentado, en base a diversas encuestas, que «la falta de renovación del Consejo podía haber confundido a los encuestados con una visión de una justicia frágil y mediatizada».