De aprobarse la medida, todos ellos recibirán una inyección de Pfizer o media de Moderna, también el colectivo de personas de 60 a 69 años que en su inmensa mayoría recibieron en su día una doble pauta de AstraZeneca. Hasta la fecha, el refuerzo está destinada en España a los mayores de residencias y a los de más de 70 años que no viven en estos centros; se administra al menos seis meses después de la segunda, un plazo que se reduce a la mitad, tres meses, para todas las personas que han sido vacunadas con Janssen. Las personas de muy alto riesgo por encontrarse en situación de gran inmunosupresión por patologías subyacentes o por estar sometidas a ciertas terapias inmunosupresoras, reciben una dosis adicional pero en su caso para completar su pauta, ya que podrían tener una respuesta inmune inferior a la de la población general.
Al margen de la tercera dosis, Sanidad y comunidades tienen pendiente de aprobación la actualización del denominado semáforo COVID; en el borrador que discutieron la semana pasada, los técnicos de la ponencia de alertas proponían suavizar las cifras de incidencia con las que se mide el nivel de riesgo y flexibilizar las restricciones en los escenarios con transmisiones más bajas. En el debate del Ministerio y las comunidades también colea el pasaporte covid que reclaman varias autonomías; por ahora se pide en Baleares, Cataluña y Galicia para acceder a determinados servicios como el ocio nocturno, aunque la Xunta lo requiere también para visitas a hospitales.
Después de que una de sus principales defensoras, Euskadi, haya visto este lunes como el Tribunal Superior de Justicia rechazaba su intención de exigirlo en negocios de hostelería, las voces que claman por un criterio único se intensifican para evitar la disparidad que se ha producido en otras ocasiones. Por ejemplo, en Aragón, donde quieren exigirlo en los establecimientos de ocio nocturno y en los espectáculos públicos con grandes aforos, el Tribunal Superior de Justicia considera que esta medida podría incurrir en un "vicio de inconstitucionalidad", por lo que ha instado a la fiscalía y al Ejecutivo aragonés a presentar antes alegaciones. En Andalucía abogan por requerir este documento en hospitales y residencias, aunque también esperará a lo que digan sus jueces. Y en Madrid, que emplaza a Sanidad a liderar la implementación de esta medida, apuestan por usarlo pero no como en otros países de Europa si no de forma más selectiva, como en la hostelería o determinados eventos.
El Gobierno de Navarra enviará mañana al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) para su ratificación judicial su aplicación entre el sábado 27 de noviembre y el jueves 6 de enero de 2022, ambos inclusive. También La Rioja consultará esta misma semana a su Tribunal Superior antes de adoptar una decisión sobre el documento sanitario y pretende saber si es posible exigirlo o no y si supondrá una mejora en el índice de vacunación o para los establecimientos y, principalmente, para las personas. Con todo, el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha confiado en que esté operativo en la Comunitat Valenciana antes del próximo Puente de la Constitución.
5 comentarios
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@Xus La vacuna también tiene desventajas, por eso.
Todos, contrato hasta 2023 ahi lo dejo
La tercera dosis va a ser para toda la población. En otros países es así,aquí no habrá diferencia
La Comisión de Salud Pública estudiará esta tarde si administrar una tercera dosis; Enga ya, menos estudiar. No se a que esperan, se está diciendo que aumentan las incidencias por Covid y todavía tienen que estudiar, por favor...
¿ Que pasa con las personas mayores de 60 años vacunadas en su día con Janssen ? Se anuncio publicamente la administración de una dosis de refuerzo y, a día de hoy, res de res..