El presidente del sindicato Comisiones Obreras, Unai Sordo, exponiendo el estudio de precariedad laboral ante los medios este jueves. | Redacción Digital

TW
2

La precariedad laboral, entendida como empleo de mala calidad, afecta al 48 % de los asalariados, de acuerdo con un informe de CCOO y la Universidad de Alicante, que señala que las mayores carencias están en las jornadas atípicas, la sobrecualificación, la inestabilidad y los bajos salarios mensuales. El estudio arroja «una visión desoladora» del mercado de trabajo, según ha afirmado el catedrático del departamento de Análisis Aplicado de la Universidad de Alicante, Hipólito Simón, durante la presentación este jueves del informe, según el cual solo el 28 % de los asalariados no padece ninguna carencia laboral.

La precariedad es severa para el 37,4 % de la población asalariada, que suma más de una de las carencias estudiadas, entre las que se incluyen la temporalidad, el salario, la jornada parcial involuntaria, la sobrecualificación, la extensión de la jornada y las jornadas laborales atípicas (turnos de noche, rotatorios o de fin de semana). El 54 % de las mujeres asalariadas son precarias, frente al 42,4 % de los hombres, con mayor incidencia de todas las carencias analizadas en comparación con los hombres, excepto en el caso de las jornadas laborales extendidas y atípicas. Asimismo, son precarios el 75 % de los jóvenes y el 67 % de las personas inmigrantes, mientras que por comunidades autónomas la incidencia de la precariedad es del 60 % en Canarias y Andalucía.

«Que el 48 % de las personas asalariadas sufra precariedad es un dato absolutamente demoledor», ha afirmado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha destacado también el hecho de que el 24 % de los asalariados tengan empleos en riesgo de precariedad. «La precariedad no es un fallo indeseado del modelo laboral, sino que forma parte intrínseca de él (...) eso tiene que ver con decisiones políticas relacionadas con la normativa laboral y con decisiones empresariales», ha subrayado Sordo, que ha añadido que la elevada tasa de paro «es un elemento disciplinante enorme» que obstaculiza la corrección de la precariedad.

Simón ha explicado que, a diferencia de la etapa expansiva previa a la crisis financiera de 2008, la mejora de la actividad económica previa a la crisis de la COVID-19 no se vio, en general, acompañada por una reducción de la precariedad asalariada, lo que achaca al mayor uso de las jornadas parciales y especialmente del impacto de la reforma laboral de 2012. A partir de 2019 se observa una caída de la precariedad asalariada multidimensional derivada de la reducción de las jornadas laborales extensas y de la mejora de los salarios, lo que se achaca a la aprobación del registro horario obligatorio para las empresas y al fuerte incremento del salario mínimo interprofesional. Respecto al contexto actual, Simón ha destacado que el deterioro laboral por la crisis sanitaria ha sido menor que en crisis anteriores gracias al uso generalizado de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)