Archivan la causa contra el pequeño Nicolás y la cúpula policial del PP

El inspector que interpuso la querella, investigador de la denominada Operación Nicolai sobre el pequeño Nicolás, acusaba a los querellados de haberse concertado para «desprestigiarle narrando de forma pormenorizada» su actuación en dichas pesquisas, que dieron lugar a varios procedimientos judiciales. Sostenía que dicha operación fue boicoteada tanto por Villarejo como por los miembros de la cúpula policial querellados, que, según él, «se relacionaron con periodistas afines y medios de comunicación para crear una opinión mediática con la finalidad de desacreditar coaccionar e intimidar a los investigadores» y que además, todo aquello terminó derivando en su cese. Sin embargo, tras tomar declaración a todos los querellados y analizar la documentación, la magistrada ha concluido que no existen «indicios de haberse cometido los delitos que de forma genérica se atribuyen a los querellados». Y añade que algunos de los hechos relatados ya han sido conocidos por otros juzgados, de manera que no pueden volverse a investigar.

A lo largo de su auto, la jueza detalla todos estos procedimientos y va descartando la existencia de indicios de delito como el de acoso laboral, del que dice que no se ha aportado ninguna prueba. Es más, dice, que los altos cargos policiales pusieron al instructor al frente de las pesquisas del caso Nicolai de forma provisional y que sus «expectativas» de que dicho puesto fuese definitivo «no puede interpretarse como acoso». Respecto a las coacciones denunciadas, la jueza interpreta que consistieron en «varias visitas» al juez que instruía el caso por parte de Villarejo, Fuentes Gago y otros para denunciar irregularidades en la investigación, pero descarta que haya «ningún indicio de la comisión de tal delito». Con este auto, contra el que cabe recurso, la jueza pone fin a una causa que la Audiencia de Madrid le ordenó investigar el año pasado tras reprocharle que ni siquiera hubiese dado traslado de la querella a los querellados más de dos años después de admitirla a trámite.