El decreto ha sido presentado y defendido por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien ha augurado un «muy buen» 2023 gracias a las medidas emprendidas por el Gobierno, como es el caso del decreto convalidado. Bolaños ha instado a un gran consenso en torno al decreto «por patriotismo y sentido común», así como para que haya un reparto justo de las cargas para seguir protegiendo a las clases medias del país.
En su intervención, Bolaños ha destacado la «razonablemente positiva» situación económica de España a pesar de la guerra en Ucrania. Además, ha asegurado que mientras dure el conflicto bélico, el Ejecutivo de coalición hará «lo que sea necesario y el tiempo que sea preciso para proteger a las familias y empresas». Entre las medidas que incluye este decreto se encuentran la eliminación del IVA en alimentos básicos, la rebaja del 10 al 5% en pasta y aceites, la prórroga de varias exenciones fiscales en materia energética y un nuevo cheque de 200 euros para rentas inferiores a 27.000 euros anuales.
A pesar de la convalidación del decreto, este ha causado discrepancias en torno al punto referido a la simplificación y aceleración en los trámites para la implantación de grandes centrales de energías renovables. De hecho, esto ha provocado el voto negativo del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitate, e incluso las críticas de sectores de Unidas Podemos.
El diputado 'morado' y coordinador de Alianza Verde, Juan López de Uralde, ha advertido de que la nueva simplificación administrativa «obstaculizará» el desarrollo de las energías renovables con la eliminación la consideración ambiental para este tipo de energías. En opinión del diputado, con estos artículos del decreto lo que se hace es permitir que los «malos proyectos», es decir, aquellos que afecten negativamente al medio ambiente, «se cuelen y perjudican a lo que están haciendo las cosas bien».
Asimismo, este aspecto ha originado las críticas del diputado de ERC, Joan Capdevila, quien, no obstante, ha celebrado la ampliación hasta 2.000 metros de las redes de autoconsumo compartido, que supone la victoria de una «batalla, pero no la guerra», ya que el principal objetivo del grupo catalán para por una reforma íntegra de la ley del sector eléctrico.
Entre las críticas también se han encontrado las de Compromís, por considerar insuficientes las ayudas de 950 millones la industria gasintensiva; y las de BNG y Junts, por el crédito extraordinario de 2.000 millones de euros a favor de las liquidaciones del sector eléctrico, que a juicio de sendos partidos es un «oligopolio».
Desde EH Bildu, Oskar Matute ha instado a incluir nuevas medidas en materia de alimentación, en concreto limitar precios de determinados alimentos básicos. A su vez, Idoia Sagastizabal, del PNV, se ha mostrado a favor del decreto, pero ha expresado sus dudas en cuanto a las rebajas del IVA o el cheque de 200 euros, medidas que, en su opinión, «dejan fuera a determinados sectores» y cuyo efecto «va a ser muy limitado».
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