Puigdemont recurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recuperar su inmunidad

Así lo confirman fuentes jurídicas a Europa Press en relación a un recurso que la defensa de Puigdemont ya había anunciado que presentaría cuando el pasado 5 de julio el Tribunal General de la UE confirmó la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al ex president, así como a sus ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí.

El TGUE echó por tierra todos los motivos formulados por los tres eurodiputados, en particular sus alegaciones sobre que el Parlamento Europeo no tuvo en cuenta que el proceso judicial se puso en marcha con la intención de dañar la actividad de sus miembros.
De esta forma, la Justicia europea despejó el camino para que Llarena pudiera reactivar las órdenes de entrega y detención europeas (OEDEs) que estaban vigentes hasta el pasado enero, cuando el magistrado las dejó sin efecto a la espera de que se resolvieran dos cuestiones clave.

La primera era la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial que Llarena planteó para que fijara el alcance de las euroórdenes después de que los jueces belgas se negaran a entregar al ex consejero Lluís Puig. El TJUE removió este primer obstáculo el 31 de enero al establecer que las autoridades judiciales que reciban las OEDEs no pueden negarse a ejecutarlas en base a presuntas violaciones de derechos fundamentales si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en España.

La segunda incógnita a despejar era el fallo del 5 de julio sobre la inmunidad y los suplicatorios. En consecuencia, la Fiscalía pidió a Llarena poco después que recuperara las OEDEs contra Puigdemont y Comín, pero el instructor respondió que no lo haría hasta conocer, precisamente, si recurrían al TJUE y en qué términos. En concreto, el magistrado llamó la atención sobre el hecho de que podían pedir al TJUE que les devolviera cautelarmente la inmunidad como eurodiputados. De recibir una respuesta positiva por parte de la corte comunitaria, supondría paralizar las nuevas OEDEs que se hubieran dictado.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, una vez emitidas las OEDEs, son los jueces belgas quienes tienen que acordar la detención y entrega de Puigdemont y sus antiguos consejeros. Desde el Supremo no se descarta la posibilidad de que vuelvan a aducir «razones banales» para no enviarlos a España, lo que podría obligar a Llarena a plantear una nueva cuestión prejudicial, con las dilaciones consecuentes.

Cabe recordar que, aunque el fallo del TGUE también se refería a Ponsatí, su caso dista de los de sus dos compañeros en el Parlamento Europeo a causa de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación. Tras este cambio, Puigdemont y Comín quedaron procesados por desobediencia y malversación, pero Ponsatí se quedó únicamente con desobediencia, un delito que no está castigado con pena de cárcel (solo inhabilitación y multa), lo que impide que se pueda dictar una euroorden en su contra.

Otra situación 'sui generis' es la de Puig. Respecto a él, Llarena estaba pendiente de dos cosas: la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial (resuelta desde el 31 de enero) y que los nuevos autos de procesamiento, tras la reforma penal, fueran firmes (algo que ocurrió el 13 de junio). Para su caso, el fallo del TGUE era indiferente porque no es eurodiputado y, en consecuencia, no podía alegar inmunidad alguna.

Los fiscales del 'procés' solicitaron la semana pasada a Llarena que reactivara la euroorden contra Puig, algo sobre lo que el magistrado no ha resuelto aún. En cualquier caso, contra todos ellos (Puigdemont, Comín, Puig y Ponsatí) ya había vigentes órdenes nacionales de busca y captura.