El Senado admite la ley de amnistía, que podrá tramitarse hasta el 16 de mayo

Fuentes socialistas han asegurado que los miembros del PSOE no han participado de la votación porque creen que podrían incurrir en prevaricación al no ser necesaria según el Reglamento y al haberse adjuntado al expediente el informe de los letrados del Senado sobre la inconstitucionalidad de la amnistía. Sin embargo, otras fuentes presentes en la Mesa han manifestado por su parte que los senadores del PSOE sí han votado, y que lo han hecho en contra.

Asimismo, los senadores de Vox han presentado un escrito a la Mesa del Senado para que inicie los trámites dirigidos a plantear un conflicto entre órganos constitucionales con el Congreso sobre la amnistía y exigirle que retire la proposición de ley. En el texto, los senadores reiteran la petición de que la norma no sea tramitada en el Senado y piden a su órgano rector que requiera al Congreso para que revoque la decisión de remitir la norma a tramitación a la Cámara Alta.

Vox basa sus peticiones en el artículo 73.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que regula los conflictos entre órganos constitucionales. Según este precepto, si algún órgano constitucional, por acuerdo del pleno, estima que otro ha adoptado decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas confieren al primero, este se lo hará saber así dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento y solicitará que la revoque. Los senadores de Vox creen «imprescindible» adoptar «cuantas medidas permita el sistema constitucional para asegurar su propia integridad frente a la eventual aprobación de iniciativas legislativas que lo pongan en un riesgo cierto».

Insisten en que la amnistía ataca los principios de igualdad de los españoles ante la ley y de la separación de poderes y, por tanto, es «abiertamente incompatible con los principios y con la letra del propio texto constitucional, cuya vigencia pone en serio peligro». Y apelan al informe de los letrados del Senado que, recalcan, «además de poner en evidencia las graves irregularidades en la tramitación parlamentaria en el Congreso y la extensa descripción de las vulneraciones constitucionales del texto, concluye que la iniciativa es una reforma constitucional encubierta o un fraude constitucional o un producto normativo imposible». El informe de los letrados del Senado considera que con esta ley se podría plantear un conflicto entre órganos constitucionales, con la celebración de un pleno en el Senado que pida formalmente la retirada de la proposición de ley del Congreso y ante el Tribunal Constitucional para la posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo. EFE