Las acusaciones populares piden que no se amnistíe a los policías de las cargas

Así lo han expresado en un comunicado que han difundido este martes en el que han insistido en que el artículo 2 de la propia Ley de Amnistía excluye de su aplicación los actos dolorosos con resultado de pérdida o inutilidad de un órgano o miembro, y los actos constitutivos de torturas o tratos inhumanos y degradantes, descripción que según la entidad defensora se adhiere a los actos cometidos por los agentes de policía.

Además, han señalado que esta distinción es «esencial» para cumplir con las obligaciones de la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos que ratificó el Estado, y que, hechos «tan graves» como los del 1 de octubre «no han de quedar impunes». Por su menor carga política, es probable que las primeras causas en amnistiarse sean las que afectan a los policías nacionales y guardias civiles vinculados con las cargas del 1-O y su reverso, los manifestantes que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en los disturbios que en 2019 encendieron Cataluña en protesta por la sentencia del procés.

La principal causa abierta por intervención policial está en manos de un jugado de Barcelona con una cincuentena de policías nacionales procesados que podrían ser amnistiados siempre y cuando la justicia considere que no quedan excluidos por infligir un trato inhumano o degradante o causar lesiones a un órgano vital, como sería el caso de los agentes acusados de vaciar un ojo a Roger Español con una pelota de goma.

A principios de año, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión de enviar a juicio a los policías nacionales por las cargas del 1-O tras concluir que las imágenes apuntaban a que pudo haber delitos leves de lesiones y contra la integridad moral. La entidad proderechos humanos Irídia ejerce acusación en hasta 15 causas relacionadas con la «brutalidad policial» durante protestas con actuaciones graves que dicen "pueden constituir delitos de tortura y contra la integridad moral y lesiones muy graves como amputaciones oculares o impactos psicológicos graves.

Irídia ha señalado que es necesario que los 51 agentes acusados deben ser «juzgados y condenados» y las víctimas escuchadas«, puesto que se trata de un derecho de las personas afectadas y del conjunto de la sociedad y que hay que garantizar que »no haya impunidad a los maltratos policiales en contexto de protesta« y »ofrecer garantías de no repetición«. La entidad ha señalado que la amnistía es necesaria porque es un retorno al campo de la política y el debate público de algo que »nunca debería haber entrado en el ámbito judicial". Además, ha insistido en que la búsqueda de la paz y la convivencia es compatible con la lucha contra la impunidad.