Guilarte pide evitar cualquier influencia del Gobierno en los nombramientos de jueces

Lo ha hecho en respuesta al ultimátum de Sánchez al PP para acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de terminar el mes, ya que, si no lo hace, planteará una propuesta para el desbloqueo, que pasa por revisar la potestad del Consejo de realizar los nombramientos de las altas instancias judiciales del país para hacerla «más objetiva y más transparente». En su respuesta al líder del Ejecutivo, Guilarte destaca que su mensaje «abre la puerta a la esperanza» y le da la bienvenida al «círculo» de quienes creen que el problema radica en la fórmula de elección de los altos cargos judiciales y consideran necesario someterlos a los principios de mérito y capacidad, porque hoy está «viciada de discrecionalidad».

«Bienvenido al círculo de quienes así lo creemos pues nadie puede, en principio, cuestionar cabalmente que sea la vía adecuada para defender la independencia del Poder Judicial», añade. Pero advierte de que los nombramientos «deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada» en la Carta Magna y añade que «no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta».

En este sentido, recuerda que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial los nombramientos se efectuaban por el Ministerio de Justicia. Por eso entiende que «no tiene sentido alguno volver a épocas pasadas si bien con distintos protagonistas. Ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo». La propuesta que Guilarte ha enviado a las cámaras legislativas es una actualización de la que remitió en abril y plantea como solución «más sencilla» al bloqueo actual el sorteo entre los candidatos a integrar el CGPJ.

«La fórmula transitoria más sencilla, en otros casos a mi juicio incongruente, es el sorteo y, para evitar discrepancias, utilizando a tal fin la lista de aspirantes judiciales en vigor», expone el presidente en funciones del CGPJ, quien tiene previsto dejar el cargo en verano. Solventado este problema inmediato, Guilarte propone para el futuro una fórmula intermedia en el funcionamiento del CGPJ que evite «la inevitable discrecionalidad actual» modificando tanto la fórmula de selección respecto de cargos gubernativos como de nombramientos de magistrados del Supremo.

En su opinión, para los cargos gubernativos deberían decidir todos los miembros de la carrera judicial del territorio respectivo, es decir, aquellos sobre los que el Tribunal, Audiencia o Sala tenga competencias gubernativas, y los candidatos tendrían que presentar un programa de actuación sobre la mejora en su caso del órgano. En el caso del Supremo, se trataría de que los nombramientos los hiciera una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados del Supremo, presidida por un vocal magistrado de ese tribunal, si lo hay, o especialista en la materia, si lo hay. También considera que los más de 100 nombramientos pendientes por el CGPJ -que tiene limitada esa función al no haberse renovado- deben hacerse con el nuevo sistema, valorando el principio de mérito y capacidad.

Con el actual sistema, advierte, «el ingente número de cargos vacantes fatalmente acaecería el denostado 'cambio de cromos', conforme a criterios 'políticos', perturbador para la percepción como independientes de los así designados». En cuanto al modelo de elección, propone que, de mantenerse el sistema de elección parlamentaria de los jueces (12 de los 20 miembros) que integran el CGPJ, se evite cualquier «contaminación política» de los elegidos, pero también sugiere pasar a un sistema de elección directa por parte de los jueces. En el turno de juristas (los otros 8 vocales), quiere que se apueste por perfiles de verdadero prestigio profesional y plantea una fórmula para evitar la politización: «La introducción de causas de inelegibilidad» como haber sido en los años anteriores miembros de gobiernos central o autonómicos o cargos políticos que se determinen, como alcalde, presidente autonómico, secretario de Estado, director general, etc.).