La defensora de la Ciudadanía recurre al pleno para que el Pacte actúe

En relación al párking, la defensora precisa que es un expediente abierto hace diez años y «aún no tenemos ninguna respuesta expresa de Infraestructures». En junio de 2018 un ingeniero les informó de algunas propuestas y los dirigió al jefe de proyectos, que posteriormente les explicó que «hay alternativas y todas se han desestimado por no resolver el problema y ser muy costosas». Moilanen reprocha que «nos propusieron una reunión para estudiar nuevas soluciones, pero nunca se ha producido el contacto para convocarla, ni se tiene constancia de actuaciones anteriores».

Respecto a la conmutación de multas, la defensora precisa que las áreas de Funció Pública y Govern Interior se deben coordinar y, posteriormente, ejecutar los proyectos con Seguretat Ciutadana, ya que «son los que ponen las multas y tienen la gestión de la Escuela Municipal de Formación». «Existe un agravio debido a la dilatación en el tiempo de la regulación que debería permitir sustituir las sanciones de la Ordenanza Reguladora del Uso Cívico de los Espacios Públicos (ORUCEP) por medidas correctoras, sesiones formativas o trabajos a la comunidad», señala.

Se trata de la primera vez que la defensora de la Ciudadanía eleva dos advertencias al pleno. Moilanen explica que no le queda más remedio debido a la falta de respuesta del gobierno municipal. En este punto, recuerda que su obligación es la defensa de los ciudadanos y sostiene que en estos dos casos sus derechos se están viendo mermados.

«Es el último recurso que tiene esta Oficina antes de valorar la presentación del caso a la Fiscalía. Cort tiene la obligación de cumplir con su responsabilidad frente a un agravio», concluye.