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El Ayuntamiento de Palma ha destinado 300.000 euros extraordinarios a la partida presupuestaria destinada a las ayudas para hacer frente a los gastos de vivienda de 2019 para familias vulnerables, que este año rondan los cuatro millones de euros.

En una rueda de prensa en Cort, la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda y Sostenibilidad, Neus Truyol, ha explicado que los beneficiarios son familias en situación de «emergencia habitacional» y de vulnerabilidad que son atendidas por los servicios de Bienestar Social del consistorio.

Por su parte, el regidor de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera, ha agradecido el presupuesto destinado a su cartera --que proviene de Vivienda--, y ha explicado que éste supone un aumento del presupuesto respecto al año pasado.

Subvenciones en los años 2018 y 2019

Durante el primer semestre de 2019, el importe total de las prestaciones económicas otorgadas por Bienestar Social ha sido de 2.318.414 euros, lo que supone un incremento del 21,28 por ciento respecto al primer semestre de 2018 cuando el importe de las prestaciones económicas fue de 1.911.544 euros.

El aumento del importe en prestaciones se debe al aumento en 635 ayudas respecto al año anterior, siendo de 9.733 ayudas al 2019 y de 9.098 en 2018. El número de familias que han recibido prestaciones económicas han sido un total de 2.783 durante 2019, mientras el 2018 fueron 2.537.

Ayudas destinadas a la vivienda

De estas 635 ayudas, 592 son ayudas en vivienda lo que representa un 93,2 por ciento del total de ayudas que ha aumentado este año.

Las ayudas en vivienda durante el primer semestre de este año suponen un total de 1.086.275 euros, mientras durante el mismo período del año 2018 estas suponían 803.388, lo que se traduce en un aumento del 35,2 por ciento respecto a 2018.

Truyol ha explicado que la medida se enmarca en una batería de propuestas para afrontar el aumento del alquiler, que ha aumentado en la ciudad de Palma «casi un 40 por ciento en los últimos seis años». Noguera ha añadido que desde su área exigen «un cambio de la regulación para que la vivienda sea un derecho y no un problema».

Los dos regidores han querido recordar sus propuestas en esta materia, que pasan por poner un freno a los precios del alquiler y la cooperación con otras administraciones para que esto sea posible, ya que para llevar a cabo sus medidas, han recordado, «son necesarias reformas en las leyes estatales».