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E PP en el Ayuntamiento de Palma pedirá al alcalde de la capital balear, José Hila, en el próximo pleno que «no permita al Gobierno central la utilización de los poderes excepcionales que le confiere el estado de alarma, ni otros subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de Cort vulnerando preceptos constitucionales y leyes en vigor puesto que, como indica el artículo 29 de la Ley del Gobierno, está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación».

En un comunicado, el partido ha indicado que también instará al equipo de gobierno municipal a «defender los intereses del Ayuntamiento y de los ciudadanos de Palma» ya que tienen «fundadas sospechas" de que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «está estudiando 'confiscar' el superávit generado en 2019 por las entidades locales, así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias» en base al precedente marcado por el impago a los ayuntamientos del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017.

Además, también solicitarán que se inste al Gobierno central a «respetar y garantizar la autonomía que la Constitución y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos y del dinero público que es de todos y cada uno de los ciudadanos».

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En este sentido, el regidor Julio Martínez dice que el PP reclamará que, en el supuesto de que se plantee modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales, «se validen dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados, ante los legítimos representantes de todos los españoles, dado que la declaración del estado de alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes del Estado».

Por último, pedirá también el cumplimiento de lo acordado por la FEMP y el Gobierno central en la reunión del pasado 20 de abril «en la que se acordó que no se planteasen cambios en el Congreso sin estar previamente consensuados con las entidades locales».

Según Martínez, «no pueden ser la tabla de salvación para un Gobierno que, desde junio de 2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, ha estado más pendiente de la propaganda que de la gestión seria y rigurosa de los recursos de todos los españoles, que ha negado a corporaciones locales y las Comunidades Autónomas los ingresos que les corresponden por ley, como el IVA impagado de diciembre de 2017, y que ha conseguido el gran 'logro' de incrementar el déficit público español por primera vez desde 2012».