Kristin Hansen, organizadora de la Palma Pride Week y fundadora de Ella Global Community. | Jaume Morey

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Siguen los coletazos de la polémica Palma Pride Week y la destitución de Sonia Vivas como responsable de Justicia Social de Cort. El Ajuntament de Palma puede verse comprometido por la autorización de los actos para conmemorar el día del Orgullo, firmada por Vivas poco antes de hacerse efectiva su destitución. Esta firma provoca un importante problema en Cort y cambia el escenario al ser un documento oficial que será utilizado por la empresa organizadora, ELLA Global, para pedir una compensación por las pérdidas económica y daños morales.

Cuando el alcalde de Palma, José Hila, compareció para anunciar el cese y la suspensión de las celebraciones se mostró confiado en que su decisión no tendría consecuencias legales o económicas ya que, señaló, el decreto aún no estaba firmado. Pero en realidad sí lo estaba, y Vivas lo había ratificado con su firma electrónica de modo que comprometía, de esa forma, al equipo de gobierno que ahora le acusa de haber actuado «con mala fe». La clave de la cuestión es que, en caso de que no se hubiera firmado el decreto ELLA Global habría tenido que ir a un juicio y demostrar los perjuicios de la suspensión. Ahora, según aseguró su responsable de prensa, Marta Marqués, con el documento suscrito, se cancela un acto aprobado oficialmente y por tanto la reclamación no tendrá que pasar por la vía judicial y obliga a Cort a pagar lo acordado.

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Marqués, que recordó que la empresa ya se ha gastado 100.000 euros propios en la organización del Pride, aseguró que tienen intención de reclamar los gastos y, además, una indemnización por daños morales y el posible lucro cesante de los artistas contratados, entre otros. Este viernes la Junta de Gobierno Municipal del consistorio palmesano ha dejado sin efecto la autorización last minute de la Pride Week en la capital balear que realizó la ya ahora exregidora Sonia Vivas, unos treinta minutos antes de que el alcalde, José Hila, firmara su destitución.

Cabe recordar que hace unas semanas se aprobó la declaración de interés público para superar las trabas administrativas que pesaban sobre los actos al ser presentados por una entidad con ánimo de lucro. En la nota de este viernes, el Ajuntament de Palma argumenta los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, que recoge a su vez el malestar de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) respecto «a determinadas manifestaciones de representantes de la entidad organizadora en relación con la proyección del evento en el conjunto de la Isla», así como las quejas de los vecinos del barrio de Santa Catalina.