Cabe recordar que la semana pasada el subcomité técnico de la Conselleria aprobó el proyecto de restauración de rehabilitación presentado por la propiedad pero, según comentó su presidente, Antoni Alorda, le impuso una serie de condiciones para evitar las molestias a los vecinos. Entre otras, la comisión niega la posibilidad de que se pueda comercializar los 400.000 metros cúbicos de material de acopio, se prohibe el uso de explosivos durante los trabajos, se determinaba el tipo de vegetación que se tiene que utilizar, se limita el paso de camiones al horario laboral y se exige un estudio de movilidad del departamento de carreteras, entre otros.
Este recorte en el proyecto, sin embargo, que es el que aprobó la comisión política de Medi Ambient, no convence a los afectados que hablan de «menosprecio absoluto a todo lo que se refiere a las necesidades de las personas, la inseguridad y los impactos negativos». En este sentido, la Associació de Veïns de Establiments recordó que el Govern ha aprobado los trabajos de restauración, «aún teniendo dudas sobre la viabilidad del proyecto y sin contar con el informe del departamento de residuos ya que sus técnicos alegan falta de información para pronunciarse».
Los vecinos, así como la plataforma, aseguran que seguirán luchando para evitar la reapertura de las canteras y apelan a las instituciones «para que prioricen el bienestar de las barriadas frente a los intereses económicos de la empresa que pretende la explotación comercial de la zona». Los afectados auguran «un conflicto social» que se generará por los trabajos de rehabilitación, acusan a Medi Ambient «de falta de valentía» y le avisan de que tendrá que escoger «entre el miedo a los tribunales por parte de la empresa y el miedo a los tribunales por parte de los vecinos».
El apunte
Unos trabajos que durarán como mínimo 20 años, según los vecinos
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