Los agentes ya se concentraron el pasado mes de diciembre para reclamar mejoras.    | Jaume Morey

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Los policías locales de Palma llevarán al Ajuntament a los tribunales por no cumplir su promesa de poner en marcha un Plan de Ordenación y por no aplicar los índices correctores comprometidos a nivel laboral y económicos, según anuncia el boletín de la sección local del SPPME, sindicato profesional de agentes municipales, dirigido a sus afiliados de Ciutat.

Cabe recordar que los policías llevan meses reclamando al equipo de gobierno de Cort y, más concretamente a la regidora de Seguretat, Joana Maria Adrover, y a algunos de sus mandos, que pongan en marcha la reorganización del servicio que esta les había prometido. Los cambios iban a estar dirigidos, señalan, a aplicar coeficientes correctores en los sueldos, en la supresión de la obligada «renuncia al día libre» y en la equiparación de salarios y horarios en los diferentes departamentos de la plantilla, entre otras cuestiones.

Sin embargo, después de estar un par de años negociando con la regidora, y siempre según la versión de los sindicatos, el responsable del área de Funció Pública del Ajuntament, Adrián García, les aseguró que el plan de ordenación no se implementará durante esta legislatura ya que el compromiso lo había adoptado su compañera de gobierno y que esta se había comprometido a las mejoras «por su cuenta». García, según los sindicatos, les aseguró que el Consistorio solo baraja mejoras en la policía de barrio y que, en ningún caso, se aplicarían medidas correctoras ya que la promesa la realizó la regidora de Seguretat y que, desde Funció Pública, «no se responde del compromiso de otros».     

Desde los sindicatos aseguran sentirse «engañados» por el equipo de gobierno, les acusaron de «no hacer nada durante esta legislatura para mejorar sus condiciones» y convocaron, el pasado 21 de diciembre, una concentración en la puertas de la comisaría de San Fernando con la asistencia de más de un centenar de agentes fuera de servicio. Ni las quejas, ni los comunicados, ni las concentraciones han dado resultado por lo que los afectados han decidido dar un paso más y, aseguran, en este sentido, que no les queda «otra vía que la judicial para conseguir la aplicación de los índices correctores».

Los sindicatos aseguran que con el cambio legislativo introducido en la Ley de Presupuesto de Consistorio para 2023 «no hay impedimento legal» que justifique el retraso de las citadas mejoras pero, aseguran, desde Cort siguen defendiendo que «existen limitaciones legislativas». La regidora responsable, Joana Maria Adrover, ya aseguró que el Pacte apoya las mejoras demandadas y que trabajan «para alcanzar un consenso. No obstante, remarcó que se trata «de un proceso largo, que se tiene que hacer por fases, y requiere tiempo».