El grupo municipal Vox votará en contra de la aprobación inicial de la Zona de Bajas Emisiones. Este posicionamiento complica la tramitación de la ordenanza, que deberá votarse el próximo jueves en el pleno. La portavoz de la formación, Gari Durán, ha advertido este lunes que «lo hacemos movidos por la responsabilidad, aunque haya quien pueda acusarnos de lo contrario». Vox se ha mostrado muy crítico con la restricción y pacificación del tráfico rodado en toda el área del distrito centro.
Aunque en la comisión de Urbanismo, celebrada la semana pasada, votaron abstención, este lunes ya han anunciado el cambio de su posicionamiento. «En su momento ya denunciamos que el informe en el que se basaba esta implantación de ZBE había sido realizado por una empresa que carecía de experiencia en la materia. Fue la única empresa que se presentó y, a pesar de su falta de experiencia, el concurso no se declaró desierto». Durán también resaltó que «de los técnicos firmantes de la adjudicación, algunos de ellos recientemente dimitieron de sus cargos en el área de Mobilitat, lo cual no deja de ser significativo».
Durán advirtió que «se hizo una medición dirigida al centro histórico, y no a otra, justo la zona menos contaminada de toda la ciudad, ya que cuenta con más accesos restringidos y por su cercanía al mar». La portavoz de Vox Palma advirtió que «no se ha tenido en cuenta el aumento del tráfico en las zonas periféricas, lo cual iría en contra del sentido de reducir las emisiones. Si actualmente hay unos 70.000 accesos al día, este bloqueo al transporte aumenta los problemas en la zona periférica donde apenas hay aparcamiento, como en Avingudes». Durán advirtió que será en la zona colindante al Casc Antic «donde aumentará la contaminación».
Vox Palma también ha hecho un cálculo del coste de la ZBE: «Estimamos que en el primer año de implantación supondrá 150 millones de euros, sumando las pérdidas del comercio, oficinas administrativas, establecimientos sanitarios, hostelería y restauración», además del «incremento del uso de combustible en el anillo periférico». Durán advirtió que en el segundo año de implantación «el coste será mayor porque los distribuidores repercutirán esos costes en sus clientes del comercio o restauración».
Desde Vox advirtieron que «la ZBE beneficia a las grandes superficies frente al pequeño comercio y lo estrangulará todavía más. De ahí la unanimidad de las patronales a la hora de oponerse a esta medida». Durán planteó «¿se podría haber presentado una alternativa? Lo valoramos pero ¿cómo hacerlo de un informe mal elaborado y dirigido ad hoc al centro sin tener en cuenta la contaminación del resto de la ciudad? Imposible si no se hacía uno nuevo. E imposible entonces cumplir los tiempos».
1 comentario
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Ésto es muy fácil de explicar: ES INCONSTITUCIONAL, por eso sólo una empresa se ha atrevido a ir contra la Constitución española, y como se lee en el artículo, han dimitido cargos porque ya saben que si no dimiten ahora, dimitirán después. Tenemos al grupo de abogados Liberum que ha presentado demandas en varias ciudades españolas al respeto de las Zte, y ya hay dos ciudades que los jueces aceptan el caso. En pocas palabras: lo van a declarar inconstitucional. Pero claro, el Ayuntamiento de Palma, evidentemente presionado (no digamos por quién o por qué), ha tenido que insistir. Bien, que sigan así. Un aplauso a Vox, que se va a limpiar las manos de ésta ilegalidad.