«Necesitamos un padrón realidad, es por una cuestión administrativa», advirtió la defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen en esa misma comisión, que como hizo un llamamiento: «Si hay casos de venta de citas, pedimos que vengan a vernos». Tras visitar varios locutorios, en uno de Pere Garau señalaban que «se están vendiendo citas a cinco o diez euros, pero resulta tan difícil encontrar citas que muchos ya han dejado de ofrecer estos servicios», dice una de las dependientas.
Las denuncias por la venta de citas del empadronamiento se repiten. «Pero como se encuentran en una situación irregular, hay miedo de denunciar», dice Farouk Pinto, de la Plataforma de la Inmigración en Balears. La aprensión ha cundido entre los inmigrantes, algunos han llegado a asumir que incluso ya no tienen derecho a empadronarse, aunque no sea cierto. Y ese papel que certifica que está en el padrón municipal es la puerta que permite la atención sanitaria, la educación o acceder a un empleo, al que tiene que renunciar por falta de este trámite al que tienen todos derecho.
Desde Cáritas Mallorca advierten que «ahora mismo [por el pasado viernes] no hay problemas para encontrar un hueco en las oficinas». Y es cierto que el viernes a mediodía había citas en dos oficinas, las de Pere Garau y Sant Ferràn, aunque ya por la tarde se habían copado todas.
Fuentes de Cáritas advirtieron que «el que tiene muchos problemas para empadronarse es el que alquila una habitación. El arrendador o el titular del contrato del piso no quieren facilitar este trámite a los alquilado. No sabemos si es miedo o un caso de economía sumergida». Lo cierto es que con los precios inmobiliarios disparados, donde una simple habitación ya se cotiza a 600 euros al mes en Palma, las dificultades de las familias inmigrantes para acceder a un contrato de alquiler son extremas.
Farouk Pino, de la Plataforma de la Inmigración en Balears, que engloba a 22 asociaciones de inmigrantes en Mallorca, advierte que «en las oficinas de atención a la ciudadanía se están pidiendo requisitos que no son legales como los últimos recibos de alquiler. Según la normativa, basta con presentar una identificación de un contrato de alquiler o título de propiedad o una factura de luz, agua o teléfono que certifica que vive en ese lugar. Ahora mismo están inventado cada cosa...». Los impedimentos de los titulares de los alquileres esconden «situaciones de subarriendo. Y si alquilas una habitación, no te van a dar recibo. Es un problema muy grande porque resulta imposible encontrar un poco por menos de 1.300 euros».
Pinto recibe quejas de muchos inmigrantes que además advierten que «se están vendiendo los trámites de empadronamiento como un extra del alquiler. Así, si una habitación cuesta 600 euros, hay que pagar hasta 300 euros más al mes por persona para permitir que sea empadronado en ese domicilio». El negocio está servido y, por desgracia, se vuelve a cebar en los más vulnerables.
Desde la Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes ya han denunciado este hecho y han acudido a la Policía Nacional. «Creemos que el Ajuntament de Palma tiene conocimiento pleno pero no se pronuncian, no dan ninguna solución».
Pinto además se mostró muy crítico al señalar que «a través de sus socios de gobierno, han intentado eliminar el empadronamiento para las personas que están en una situación transitoria en Palma, que solo cuentan con el pasaporte o el NIE. No quieren empadronar a extranjeros en Palma».
El presidente de la entidad advirtió que «esta medida es ilegal. La ley protege que el empadronamiento es una obligación hacia sus ciudadanos. Da igual su situación migratoria, sirve para tener un control demográfico del municipio, no para la discriminación o la fiscalización».
Pinto califica de «intoxicación» el clima de miedo entre este colectivo vulnerable después de numerosas declaraciones y medidas que ponen dificultades a la inscripción en el padrón municipal. «Hay un malestar generalizado en la ciudad», advirtió Pinto, que señala que entre los extranjeros «hay temor a que vuelvan las redadas».
Precisamente Cáritas España ha llevado a los juzgados al Ajuntament de Palma por la moción que aprobó en el pleno, a iniciativa de Vox y con el apoyo del PP, en el que proponía el registro de viviendas para fiscalizar el estado migratorio de sus habitantes. Otra de sus polémicas medidas que se aprobó fue la de un buzón anónimo en la que se podía denunciar a un inmigrante sin papeles.
El lider de Vox en Palma, Fulgencio Coll, señaló en el último pleno que «acataremos la sentencia y no recurriremos».
9 comentarios
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Mà dura contra els merdo-empresaris que s'aprofiten de mà d'obra inmigrant per explotar/esclavitzar-lis , amb multarrakas i tancaments de negociutxos explotadors. Si no se fa res, normal que corri sa veu de que a EhjpaÑistan pots treballar de lo que sigui sense preparació, titulació, educació, ...etc... , el que fa que vinguin allaus continus de gent amb sa mentalitat "bueeeno, me pagan mal, pero ya mejoraré" , i de mentre la societat caient en picat . L'abisme ja es veu a prop.
Creo que si están en situación irregular no se tienen por qué empadronar. Creo.
La solucion hacer un censo riguroso y estricto. Seguro que saltan todas las alarmas.
No se debería empadronar a nadie sin las suficientes garantías de trabajo y vivienda.
La cita previa llegó con la pandemia y se ha quedado porque es un chollo para los funcionarios y una tragedia para los contribuyentes
Por cierto, me consta que hay abogados de inmigrantes que llaman a los padrones municipales y a los servicios sociales para "asustar" al auxiliar administrativo de turno, a ver si así sus papelitos salen como ellos quieren. Qué nadie quiere encontrarse con una denuncia por racismo o cosas así.
Lo que dicen desde la asociación no es cierto, la normativa permite a los ayuntamientos solicitar otros documentos que no vengan recogidos en la propia ley como requisito para el empadronamiento. Así que o no tienen ni idea o mienten descaradamente para una vez más dar la imagen de víctimas.
Reconozcamos de una maldita vez que esto es un desmadre, que nadie controla nada y que hace años que se ha ido de las manos por la ineptitud de los políticos y ayuntamientos.
Una persona empadronada te dret a una serie de coses, just s'ha de deixar enpadronar a les persones que estan en situacio legal i no tenen antecedents penals o policials. Basta ja de blanquetjar als delincuents. Si qualcu no esta content que s'en vagi a empadronar a Esporles, que s'ha declarat poble d'acollida.