Los caravanistas estallan: «¿Dónde vamos a ir? ¿Nos va a dejar el alcalde una habitación en su casa?»
El colectivo muestra su malestar ante la ordenanza del Ajuntament de Palma que prohibirá utilizar las autocaravanas como viviendas y multará por pernoctar en ellas
Juan Antonio, Miguel, Begoña e Inma, cuatro residentes en caravanas y furgonetas en Son Hugo y Son Güells. | F.F.
Preocupación, inquietud, pero por encima de todo mucho malestar se palpaba en los asentamientos de caravanas ubicados en diferentes puntos de Palma horas después de que el alcalde de Ciutat, Jaime Martínez, hiciera público el contenido de la nueva ordenanza cívica municipal que prohibirá utilizar las autocaravanas como viviendas y multará por pernoctar en ellas, lo que será calibrado como infracción que será considerada grave por la regulación, que fijará multas de entre 750 y 1.500 euros por su incumplimiento. Todo, pese a que en un inicio el consistorio había escuchado las quejas de los caravanistas, matizando el punto de la ordenanza que permitía comer o dormir, siempre y cuando la actividad no repercutiera en el exterior del vehículo, aunque finalmente el texto ha quedado tal y como se había redactado en el borrador.
En esos puntos de Palma que se han convertido en pequeños barrios caravanistas, la noticia cayó mal. Simple y llanamente. Es el caso del aparcamiento de las piscinas de Son Hugo, uno de los más emblemáticos. Los que llegaban de sus puestos de trabajo conocían por Última Hora la noticia y la compartían con sus 'vecinos'. «Si no nos dejan estar aquí, ¿dónde vamos a ir? ¿Nos va a dejar el alcalde una habitación en su casa?», se preguntaba Begoña, una de las más populares habitantes de ese poblado que reúne a cerca de medio centenar de vehículos, caravanas y furgonetas.
«Aquí no estamos por gusto, pero sí es verdad que nos sentimos protegidos. Somos como una familia, todos los conocemos y nos ayudamos... no molestamos a nadie. No se entiende, pero vamos a tener que movilizarnos», prosigue esta residente en una de las caravanas, que lo hace junto a su hijo «porque es lo único a lo que podemos llegar, en mi caso con un trabajo de ocho meses».
Y endurece su discurso pidiendo explicaciones al alcalde Jaime Martínez y a las fuerzas políticas del gobierno de Cort. «¿Dónde iremos, señor alcalde? Nos vemos en la calle. Si vivimos aquí es porque no podemos pagar un alquiler o algo mejor?», apostilla a la vez que empiezan a acercarse otros residentes alertados por la presencia de un periodista.
Ezequiel, Begoña y Miguel, comentando la noticia sobre la ordenanza en Son Hugo. Foto: F.F.
«TENEMOS TODAS LAS DE PERDER»
Más calmado, pero consciente de la gravedad de la situación aparece Ezequiel, un joven argentino que tiene muy claro que, con esta nueva ordenanza «tenemos todas las de perder...», aunque es mínimamente optimista y cree que «no pasará nada al final», pues por el momento entiende que es una propuesta, y no descarta tener que tomar medidas de presión «como irnos a las Avenidas o plantarnos en el pleno para que nos escuchen, porque el alcalde aquí no va a venir. Lo único claro a esta hora es que, si no podemos dormir en la caravana, nos tienen que dar una alternativa o una solución. Sino, ¿dónde lo haremos?», explica con una calma que contrasta con el enfado de otro de sus compañeros de espacio.
Miguel es otra de las voces más experimentadas de Son Hugo. Su presencia es requerida por otros 'vecinos' para cualquier pequeña reparación y se suma a la opinión de Ezequiel. «Creo que no lo sacarán adelante», espeta con seguridad. «Sólo pedimos que nos respeten... que venga aqui el alcalde a dormir una semana», dice molesto.
Como lo está Juan Antonio, que lamenta el trato que se les dispensa mediante esta ordenanza, que prohíbe acampar en los vehículos en todo el municipio de Palma, a excepción de los lugares específicos que estén habilitados para ello (se define como acampar el despliegue de elementos que sobresalen del perímetro del vehículo o cuando se emiten sonidos al exterior). En lo referente a estacionar, la polémica ordenanza indica que las autocaravanas deben hacerlo en los mismos lugares permitidos para el resto de vehículos comunes y no podrán permanecer estacionados más de diez días consecutivos en un mismo lugar.
Imagen de una de las calles de Son Güells, llena de caravanas aparcadas. Foto: F.F.
«Lo tenemos todo legal y nos quieren sacar, pero a los okupas les dejan estar dentro de las casas que no son suyas», dice enfadado Juan Antonio, que exige al Ajuntament de Palma «una alternativa. No estamos aquí por gusto, pero tampoco molestamos a nadie. No hay vecinos y en el aparcamiento de las piscinas hay sitio de sobras». Y añade que, en su caso, «no puedo pagar un alquiler, ni una habitación. Vivo en una furgoneta y no es justo que nos hagan esto, la verdad», añade.
«HABRÁ QUE MOVILIZARSE»
En otro escenario conocido en la periferia de Palma por la presencia de numerosas caravanas, Son Güells, cerca de la carretera de Manacor y el Estadio Balear, encontramos ya caído el sol a Inma, una de las más veteranas residentes. Extremeña con muchos años de residencia en Mallorca, es muy dura en sus palabras. «Nos tratan como a perros. No molestamos a nadie, los vecinos no se quejan, al contrario, hasta nos conocemos y aparcan aquí sus caravanas los que tienen. No se entiende que nos hagan esto», dice en voz alta.
Recuerda que, como el resto de ciudadanos, «pagamos nuestros impuestos, la ITV, los seguros, no ensuciamos... ¿y nos quieren impedir seguir aquí? ¿A quién molestamos? No se entiende, pero le aseguro al alcalde -en referencia a Jaime Martínez- que tener 50 años y vivir en una caravana no es fácil». Se suma a la petición de otros de sus compañeros al exigir, «si nos tienen que sacar de aquí, que nos den una solución, un espacio en el que poder estar, aunque sea pagando una tasa», comenta preocupada por su futuro en Son Güells e incluso en Palma, son descartar «moverme a otro municipio si no queda otro remedio», concluye.
Este jueves una representación de los caravanistas estará en Cort a primera hora de la mañana para intentar trasladar en primera persona al propio alcalde, Jaime Martínez, su opinón y disconformidad con la ordenanza cívica de Palma, que les pone entre la espada y la pared.
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